El juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, obstruyó ayer el cobro por parte de los tenedores de bonos argentinos reestructurados, al ordenarle al Bank of New York (BoNY) que no distribuya el dinero entre los inversores. El gobierno nacional había depositado el día anterior 832 millones de dólares en el BoNY para afrontar el vencimiento del lunes próximo del bono Discount, en una audaz jugada que desorientó al propio Griesa, quien se abstuvo de ordenar un embargo de estos fondos y de declarar al país en desacato, dos posibilidades que se barajaban en el mercado. El juez distrital sólo se limitó a aconsejar al BoNY devolverle los fondos al país, un terreno inexplorado en materia de pago de deuda. Según la interpretación que realizan en Economía, los fondos depositados en el BoNY ya pertenecen a los bonistas y no al Estado argentino. “La Argentina ya pagó”, resaltan cerca del ministro de Economía, Axel Kicillof. “En una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por la Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley argentina”, señaló Economía a través de un comunicado. El país tiene un mes más para negociar una solución antes que se declare default técnico en caso de que no se liberen los fondos.

Luego de que Economía confirmara la transferencia de los fondos para que se paguen este lunes los vencimientos de capital e intereses del bono Discount, Griesa convocó de urgencia a una audiencia con los abogados de cada una de las partes, y la presencia de Daniel Pollack, el special master (mediador) que designó para acercar posiciones. En el encuentro estuvieron presentes los abogados Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al país; Theodore Olson y Robert Cohen, del fondo NML Elliott, y Stephen Poss y Robert Carroll, de Olifant, del resto de los demandantes. Los abogados de los buitres fueron con los tapones de punta y solicitaron que se declare a la Argentina en desacato, bajo el argumento de que pagaría el vencimiento del Discount y no la sentencia. “Lo único que pasó es que esos fondos llegaron al banco”, dijo Griesa.

Los buitres pretendieron hacer valer una capciosa reinterpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) para forzar ayer una definición más dura de Griesa. El artificio legal de considerar en pie de igualdad a quienes ingresaron en el canje de deuda respecto de los que se mantuvieron litigando, interpretación que avalaron Griesa y la Cámara de Apelaciones neoyorquina, conlleva a la situación de que el pago al 93 por ciento de los bonistas con títulos reestructurados se encuentre condicionado al acatamiento del fallo a favor de los buitres. En ese sentido, algunos analistas esperaban que Griesa dictaminara el desacato del país o embargara los fondos. Incluso se especuló con que podría tomar una parte para los buitres y otra para un pago a prorrata del vencimiento del Discount.

Jugada defensiva

Griesa no tomó ninguna de las alternativas que el establishment esperaba que tomase. El propio juez reconoció haber recibido peticiones de los abogados de la demanda para sancionar al país y/o hacer un informe de las cuentas del país. Este último punto es posible por el fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos al denominado Discovery Mundial, que implica la atribución de que los fondos demandantes busquen activos argentinos embargables en distintas plazas financieras. “Lo importante es que las negociaciones sigan”, resaltó el juez del Distrito Sur de Nueva York. En esa línea tibia se mantuvo ante la jugada delineada por el equipo económico y legal. No obstante, Griesa remarcó que “cualquier intento de pagar a los bonistas es ilegal, no puede hacerse ni ser permitido por este tribunal”.

De los más de mil millones de dólares transferidos, 539 millones (225,8 millones de euros y 230,9 millones de dólares) fueron ingresados en la cuenta del Bank of New York Mellon. “A pesar de esa muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país. Sin embargo, la Argentina, una vez más, cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda soberana de los años 2005 y 2010”, señala el comunicado de Economía. El congelamiento dictado por Griesa fue entendido como una suspensión (stay) de hecho, pero con vencimiento al 30 de julio, cuando vence el período de gracia para que se pague el Discount y el país ingrese a un default técnico. La interpretación de los funcionarios argentinos es que el país realizó el pago y un eventual default será cortesía de Griesa y del BoNY, que impiden a los bonistas el cobro.

La estrategia oficial deja en evidencia que cualquier cobro que reciban los fondos buitre no implicará una mejora en la oferta que deba ser reproducida al resto, ya que se estaría embargando dinero que ya dejó de pertenecer al país y que se encuentra en el BoNY. Esto vale para la interpretación de la cláusula RUFO, que obliga a replicar en los bonistas cualquier mejora “voluntaria” a los holdouts. “Su banco no ha hecho nada mal, pero propongo que el dinero sea devuelto a la República Argentina”, dijo Griesa al representante del banco fiduciario, a quien además aconsejó acordar con los demandantes la manera para que ese dinero no llegue a los bonistas. “Al tomar esta medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los del Megacanje que cayeron en default en 2001”, señala el comunicado de Economía.

Según explican en el Palacio de Hacienda, el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC), por lo que califican de insólita la medida. Pero, además, la decisión de Griesa impide que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar. Según la interpretación oficial, el país podría negarse a una devolución de los fondos por parte del BoNY debido a que la ley local no contemplaría la reversión de los fondos en caso del pago de compromisos de deuda soberana. Las partes continuarán negociando una alternativa al fallo que obliga a pagarles a los buitres en efectivo hasta el 30 de julio. “Todos sabemos que las negociaciones no se van a resolver en esta semana ni en la próxima”, sostuvo Griesa, quien exhortó a las partes a iniciar en esa misma tarde las discusiones con Pollack. La reunión con el mediador no pudo realizarse por temas de agenda.