El papel de los sindicatos

Por Verónica Andrés y Florencia Mambreani *

A inicios del 2014, el gobierno nacional lanzó el programa Precios Cuidados con el objetivo de regular y monitorear los incrementos nominales de precios y, de tal modo, contribuir a contener la inflación. Transcurrido casi un semestre desde el comienzo de su implementación, es posible afirmar que el programa ha tenido relativo éxito, dado que no sólo contribuyó a moderar el incremento de precios de ciertos productos, sino que también logró instalar públicamente la necesidad de que el conjunto de los consumidores esté atento a dicha evolución, teniendo la posibilidad, a su vez, de denunciar los incumplimientos.

La iniciativa forma parte de una estrategia del Ejecutivo para moderar y coordinar los aumentos tanto de precios como de salarios mediante acuerdos con empresarios y trabajadores, cuyo efectivo cumplimiento depende no sólo del compromiso de las partes sino también de la continua fiscalización del Estado nacional. Ahora bien, herramientas de control de precios de esta naturaleza requieren indudablemente de un Estado dotado de una altísima capacidad técnica y fiscalizadora, que le permita por un lado evaluar y determinar con justeza la estructura de precios relativos en el interior de cada cadena productiva y, por otro, garantizar el efectivo cumplimiento de los compromisos acordados.

Frente a este desafío, el gobierno nacional convocó a organizaciones sociales y políticas a colaborar en la tarea de controlar los incrementos de precios en las góndolas de los comercios. Por su lado, si bien los sindicatos no han sido parte de dichas actividades (salvo algunas excepciones), por su propia naturaleza sí podrían contribuir de un modo específico con las iniciativas aquí referidas.

En efecto, las organizaciones gremiales podrían realizar un aporte adicional que consistiría en llevar adelante un control de precios en cada una de las etapas del proceso productivo, factible mediante el acceso a la información sobre la evolución de los costos de fabricación, distribución y comercialización, así como del margen de ganancia de los empleadores. Esto requeriría de la organización de comisiones de trabajadores responsables de llevar a cabo este control, que deberían a su vez tener habilitado el acceso a la información antes mencionada, estar protegidas bajo tutela sindical y tener la facultad de elevar denuncias ante los organismos estatales correspondientes en caso de verificar incrementos de precios superiores a los acordados.

La alternativa aquí planteada no tiene como antecedente únicamente los relevamientos de precios que con mayor o menor sistematicidad han llevado adelante algunos gremios (el de Comercio, entre ellos). Una referencia interesante la constituye la figura de los “controladores laborales”, que a nivel nacional fue creada en el año 1996 (aunque fue escasamente puesta en práctica) y, en la provincia de Chaco, en 2011. En efecto, a través de ella se habilitó a los sindicatos a colaborar en la fiscalización del trabajo no registrado, debiendo nombrar representantes (controladores laborales) que quedaban habilitados para verificar la registración de los trabajadores. Los controladores podían solicitar información relativa a su tarea a las empresas dentro del ámbito de actuación de su gremio y elevar denuncias de incumplimiento al organismo estatal competente. La figura legal podría entonces inspirar y servir como ejemplo para la creación de una de naturaleza similar, pero abocada al control de precios.

Como referencia normativa internacional de la propuesta planteada, en Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras atribuye a las organizaciones sindicales la función de “ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo”.

Ahora bien, de implementarse, la alternativa aquí expuesta se encontraría con dos desafíos principales. El primero de ellos, también presente en la discusión sobre participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, consistiría en superar el recelo de los empleadores a brindar información precisa y real sobre costos de producción y márgenes de ganancia. El segundo, seguramente más crucial que el anterior, se relaciona con las dificultades que plantea un escenario de fragmentación sindical, que puede ser capaz de convertir al aporte de los gremios en meramente testimonial, considerando lo potencialmente reducido de su ámbito de intervención. Sin embargo, el primer paso para el diseño y la puesta en práctica de una iniciativa de este tipo es, indudablemente, su inclusión en la agenda de los gremios y su compromiso con ella.

* Integrantes del Centro de Estudios Laborales Celab

www.estudioslaborales.com.ar

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Más afiliaciones sindicales

Por Martín Burgos *

La perspectiva histórica nos muestra que la inflación es un fenómeno que se vuelve mundial durante el siglo XX, y particularmente en la época que podríamos caracterizar como keynesiano-fordista, que se prolonga desde la posguerra a la crisis del petróleo de 1973. Los datos estadísticos que reúne el francés Thomas Piketty en su último libro, El Capital en el siglo XXI, no hacen más que confirmar lo que ya sabíamos: el período que va desde 1945 a 1975 es donde mejor distribución del ingreso conocieron los países, tanto los desarrollados como los que entonces se llamaban los del Tercer Mundo, incluida Argentina. Entonces la pregunta que nos podemos hacer ante esta correlación es la siguiente: la inflación, ¿mejora la distribución del ingreso? Y ¿cuál sería el mecanismo por el cual se daría esa relación?

En primer lugar, es preciso marcar algunos puntos esenciales: en América latina durante la última década todos los países conocieron una mejora en su distribución del ingreso, y eso más allá del color político de los gobiernos, de la estructura social del país o de las políticas llevadas adelante para industrializar el país. Entre esos matices es necesario plantear también que sólo Venezuela y Argentina conocieron inflaciones explícitas de dos dígitos, por lo cual la relación entre inflación y distribución del ingreso no es tan firme.

En Argentina, lo que se puede apreciar es que durante la última década crecieron las afiliaciones sindicales y se les dio un nuevo impulso a los convenios colectivos de trabajo, cambiando de manera sorpresiva la evolución de las instituciones que rigen el mercado de trabajo. Esto último tiene sus causas en la política de promoción de los convenios colectivos de trabajo que, durante toda la década del ’90, sobrevivieron en la figura jurídica de “ultraactividad”, quedando vaciados de contenido y de dinámica, contrariamente a lo que supone su nombre. Pero también la propia inflación en un contexto de desempleo bajo genera una puja distributiva que se institucionaliza a través de las demandas sindicales. La mejor conciencia que se pueda tener de sus intereses como trabajadores es cuando los precios aumentan sin que aumenten los salarios, y la principal respuesta sigue siendo la organización gremial.

Esta “vuelta” del actor sindical en los primeros planos de la vida dentro de la empresa, con la renovación de cuadros de base, también se acompañó de reivindicaciones que superaron el propio pedido salarial e incorporaron a otras problemáticas que hacen a la calidad de los contratos (pase a planta) y la calidad del trabajo realizado. En suma, la organización gremial pudo ofrecer otras vías para solucionar problemas laborales de manera colectiva, impulsando en un lugar central de la vida de los trabajadores, como lo es el ámbito laboral, una racionalidad distinta de la vigente hasta el 2001, que podríamos llamar una racionalidad neoliberal.

Porque el neoliberalismo no es sólo una política económica concreta, orientada a disminuir los salarios mediante reducción de gasto público, el achicamiento del Estado, la desindustrialización y la privatización de los servicios públicos, sino que también constituye una cultura, un modo de ser, en la cual el individuo se vuelve la unidad protagónica. Los valores que este individuo pondera por sobre todo el resto son los del éxito que le permite diferenciarse y explicar su vida frente a lo que se considera el fracaso. El exitoso generalmente no se presenta a sí mismo como un trabajador, sino como un cuadro medio o un “jefe”, que le permite distinguirse del resto. La propia dinámica del neoliberalismo aplicado en Argentina durante los años noventa fue el caldo en el cual se deterioraron los lazos sociales, socavando lo que era la base del Estado de bienestar: el mercado de trabajo. El desempleo y el empleo en negro crecientes conllevó a que los individuos exitosos sean cada vez menos, y los fracasados cada vez más.

El fenómeno actual de la clase media acomodada y crítica del mismo gobierno que les permitió mejorar sus ingresos en esta última década no es más que la vuelta a ese individualismo neoliberal, que piensa que su éxito se debe a sus esfuerzos, y no a una política macroeconómica que le permitió darle el marco apropiado para ello. Una cita de Antoine de Saint-Exupéry nos podría servir para ilustrar la situación: hablando de los hombres, decía: “Fuérzalos a construir juntos una torre y los cambiarás en hermanos. Pero si querés que se odien, tírales unos granos”.

* Economista del Centro Cultural de la Cooperación.