Cuando en 2007 Cristina Fernández de Kirchner era candidata a la presidencia de Argentina, su equipo de campaña presentó un comercial televisivo donde unos adorables niños respondían a la pregunta, “¿qué es el FMI (Fondo Monetario Internacional)?” En el comercial, los niños ofrecían tiernas y ridículas respuestas como “el FMI es un lugar donde hay muchos animales” y la frase final del narrador era “logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan ni idea de lo que significa el FMI”.

Hasta la fecha no existe gran afecto entre el FMI y Argentina, desde que el Fondo presidiera el terrible colapso económico de Argentina entre 1998 y 2002, así como las numerosas políticas fracasadas en los años previos. Pero cuando la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito falló a favor de los fondos buitre y su intención de cobrar el valor total de la deuda argentina que habían adquirido a un precio de 20 centavos por dólar, hasta el propio FMI estuvo en contra de la decisión. De manera que muchos observadores fueron sorprendidos el lunes 16 de junio cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se rehusó siquiera a examinar la decisión de la Corte de Apelaciones, la cual era a favor de los fondos buitre.

La Corte solamente necesita a cuatro de los jueces para aprobar una petición decertiorari (avocación), o de revisión, y éste era un caso extremadamente importante. La mayoría de expertos concuerda en que el caso tiene serias implicaciones para el sistema financiero internacional. Quizá lo más importante es que la Corte de Apelaciones decidió que Argentina debe pagarles a los fondos buitre el total de lo que reclaman, pese a que el país acordó en las reestructuraciones de 2005 y 2010 una quita con más del 90 por ciento de los tenedores de bonos.

¿Qué significa esto? En medio de una profunda recesión y sin poder financiar enormes pagos de deuda, Argentina declaró el impago de su deuda a finales de 2001. El impago fue la decisión correcta: la economía inició una sólida recuperación apenas tres meses después. Pero solamente fue en 2005 que el 76 por ciento de los tenedores de bonos acordaron aceptar una reestructuración que incluyó un “recorte” de alrededor de dos tercios del valor de los bonos. Para el año 2010, más del 90 por ciento de los tenedores habían aceptado este acuerdo, a través del cual recibieron bonos nuevos a cambio de los bonos en mora.

La decisión de la Corte significa que un fondo buitre, o cualquier acreedor que se rehúse a participar, puede prevenir o destruir un acuerdo vigente, negociado con el resto de los tenedores de deuda. Debido a que no existen leyes de bancarrota para prestatarios gubernamentales, esto limitaría severamente la capacidad de acreedores y deudores para lograr un acuerdo ordenado en los casos de crisis de deuda soberana. Esto es algo muy importante para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

Así que, ¿por qué es que la Corte Suprema decidió no escuchar el caso? Es posible que la Corte haya sido influenciada por un cambio de posición por parte del gobierno estadounidense, lo cual pudo haberla convencido de que el caso no tenía tanta importancia. Al contrario de Francia, Brasil, México y el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, el gobierno estadounidense no presentó un escrito en calidad de amicus curiae (“amigo de la Corte”) ante la Corte Suprema, a pesar de haberlo hecho en el caso de apelación. Y, aquí está el gran misterio, tampoco lo hizo el FMI, incluso cuando en ocasiones anteriores había expresado públicamente su preocupación por el impacto de esa decisión.

El 17 de julio de 2013, la directora general del FMI, Christine Lagarde, presentó un escrito ante la Corte Suprema declarando que el Fondo presentaría un escrito de amicus. Pero luego el directorio del FMI se reunió y, de manera un tanto vergonzosa y debido a las objeciones de Estados Unidos, decidió en contra de presentar dicho escrito. Esta puede ser la razón por la cual la Corte Suprema no haya invitado al procurador general de Estados Unidos a que presentara un escrito y finalmente haya decidido no escuchar el caso. ¿Pero quién es responsable del cambio de posición de Washington?

Al igual que en una novela de Agatha Christie, existen varios sospechosos que pudieron haber cometido el hecho. El grupo de presión de los fondos buitre –un grupo bien conectado y liderado por ex funcionarios del gobierno de Clinton–, conocido como el Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (American Task Force Argentina), gastó más de un millón de dólares en el caso en el año 2013. Luego están los sospechosos habituales en el Congreso, en su mayoría neoconservadores y la delegación de Florida, que desean tener un partido político diferente en el poder en Argentina después de las elecciones.

Además, estos individuos tienen aliados dentro del gobierno de Obama, el cual ha adoptado principalmente una estrategia al estilo de la guerra fría hacia los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, incluso hacia Argentina. En este caso, el gobierno estaba priorizando sus intereses estratégicos en los mercados financieros internacionales, como lo muestra su escrito de amicus ante la Corte de Nueva York, hasta que alguien le hizo cambiar de opinión. ¿Pero, quién?

Es posible que todos los sospechosos hayan estado involucrados, como en Asesinato en el Expreso Oriente. Pero una clave importante puede ser el fuerte interrogatorio al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, por el congresista de Florida Mario Díaz-Balart. Sobrino de la primera esposa de Fidel Castro, este congresista es parte de un grupo de presión de línea dura anti Cuba, el cual, al igual que los neoconservadores en general, ve a todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica como enemigos que se verían mucho mejor fuera del poder.

Ahora bien, está bastante claro que México no hubiera presentado un escrito de amicus ante la Corte Suprema sin haber recibido siquiera un guiño de aprobación por parte del Tesoro. En un agresivo interrogatorio en la Cámara de Representantes, Díaz-Balart intentó hacer que Lew admitiera que el Tesoro era culpable del crimen de haber hecho que México presentara un escrito en favor de Argentina.

Lew logró evitar dar una respuesta directa, pero el episodio muestra justamente qué tan interesada estaba esta facción política en que la Corte Suprema se negara a examinar el caso. También indica que el mismo Tesoro estaba al menos dividido ante la decisión de silenciar al FMI. Así que yo buscaría en el Congreso, y especialmente en la facción de Díaz-Balart, a los culpables. Históricamente, el Congreso le ha causado problemas al Tesoro y al Fondo al retrasar el financiamiento al FMI. Aunque al final siempre han obtenido el dinero, en ocasiones, esto ha sido con condiciones. Existe además una oposición sin precedentes en la Cámara de Representantes al aumento del financiamiento del FMI que el gobierno de Obama ya les ha prometido a los otros países del G-20. Es probablemente allí donde esté enterrada el arma del crimen.

Luego del voto del directorio del FMI en contra de presentar un escrito ante la Corte Suprema, un periodista en una conferencia de prensa le preguntó al portavoz del FMI, Bill Murray, por qué el Fondo había cambiado de curso. “Vaya al Tesoro de Estados Unidos y pídales que le expliquen sus decisiones”, respondió. Pero nadie lo hizo.

* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net ) en Washington, DC. También es presidente de Just Foreign Policy (www.justforeignpolicy.org).