“Si hay algo que exhiben con claridad es su voracidad para apropiarse de activos reales”, señaló ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en referencia a las especulaciones sobre la intención de los fondos buitre de embargar parte de los activos de Chevron en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Las amenazas fueron vertidas en los últimos días a través de su grupo de tareas American Task Force Argentina (ATFA) y de analistas a los que buitres financian sus investigaciones.

Capitanich resaltó “el apoyo recibido por parte de la comunidad internacional, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del nucleamiento G-77+China”. No obstante, reclamó por un sistema financiero internacional que garantice su sustentabilidad, a partir de un esquema de aprobación por mayorías en el caso de reestructuraciones de deuda. Respecto del acuerdo de swaps de monedas entre el Banco Central y el Popular de China aseguró que garantiza previsibilidad desde el punto de vista del flujo de la evolución del stock de reservas en el país (ver aparte).

“Pretenden la ejecución de una sentencia, que saben que tendrá un efecto respecto del resto de los bonistas que adhirieron voluntariamente al canje”, expresó el funcionario en su habitual conferencia de prensa por la mañana. El fallo del juez del distrito de Manha-ttan Thomas Griesa convalida una reinterpretación de la cláusula pari passu (igualdad en el tratamiento entre acreedores) de los buitres, que los puso en las mismas condiciones de cobro por el ciento por ciento de sus tenencias que bonistas que ingresaron al canje y aceptaron una quita. Esta discriminación conlleva que deba pagarse en el mismo momento a los tenedores de deuda reestructurada y a quienes mantienen bonos defolteados. Capitanich reiteró que es necesario un esquema de resolución de quiebras a nivel internacional, exhortación que la presidenta Cristina Fernández expresó en distintos foros internacionales.

“Consideramos que el sistema financiero internacional debe garantizar su sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que constituya obligatoriedad para el acuerdo y no pueda ser modificado por jueces de carácter jurisdiccional”, afirmó el jefe de Gabinete. “Eso significa que, en una asamblea de tenedores, quien supere eventualmente el 65 por ciento de aprobación (en una propuesta de canje) sea obligatorio para el resto, a los efectos de que no exista una hendija o una ventana para acciones compulsivas de grupos minoritarios tipo buitres, que pretendan fulminar procesos de reestructuración voluntaria de deuda”, dijo el funcionario.

Capitanich reconoció que estos cambios son motivo de debate en el ámbito de la Asamblea de Naciones Unidas. “Hay una gran mayoría de países que manifestó su enorme preocupación en garantizar el proceso de reestructuración soberana de la deuda”, señaló el funcionario, quien resaltó los apoyos recibidos de China, Brics, la presidenta Dilma Rousseff en el ámbito del G-20, la comunidad internacional, la OEA y el G-77+China. “La Argentina paga sus obligaciones, ha depositado efectivamente 1031 millones de dólares para distintas legislaciones, legislación de Estados Unidos, legislación de Inglaterra y Gales, y legislación de la Argentina, y obviamente esto no puede tomarse de ningún modo como, entre comillas, un default técnico”, agregó. El 26 de junio pasado, el Estado nacional depositó estos fondos en concepto de vencimientos del 30 de junio correspondiente al bono Discount. Griesa emitió una orden para trabar esos fondos y evitar el cobro de los bonistas. “La Argentina promueve el diálogo y establece condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas”, sentenció el funcionario.

El jefe de ministros aseguró que la intención de los fondos buitre es la ejecución de la sentencia sin negociación, con el daño colateral que representa al resto de los bonistas que adhirieron voluntariamente al canje. Esto elevaría la deuda del país a través de presentaciones que realizarán otros holdouts y bonistas que ingresaron en alguno de los canjes de 2005 y 2010 para accionar contra esta diferencia, cuyas demandas alcanzarían a entre 120 mil y 500 mil millones de dólares. “Buscan que aumente la deuda externa argentina como en el pasado y condicionar el crecimiento. Aparte de estas cuestiones, hay noticias de que quieren embargar parte de los activos de Chevron en Vaca Muerta”, señaló Capitanich, quien insistió en la necesidad de que Griesa restablezca el stay (suspensión de la sentencia) para negociar una alternativa de pago de la sentencia en Nueva York (ver aparte).