La Justicia norteamericana falló en contra de Argentina violando la doctrina Champerty que prohíbe la adquisición de papeles de deuda para litigar. Luego redobló su arbitrariedad determinando un criterio de pari passu (concepto que alude a la equidad) que establecía que la equivalencia del servicio de deuda reestructurada, con quita a los acreedores que entraron en el canje, se correspondía con el pago de la deuda total a quienes no habían tenido ese rol colaborativo atendiendo a la situación que atravesó Argentina a principios de siglo. Posteriormente, la cámara de segunda instancia ratificó el fallo y la Corte Suprema desconsideró la oportunidad de revisarlo. La reforma que habilitó la renuncia a la jurisdicción local, y que permitió la adopción de la extranjera, fue efectuada por la dictadura terrorista de Estado en épocas en que el Imperio fomentó el derrocamiento de gobiernos democráticos en nuestro subcontinente. A su vez, el trato del endeudamiento estatal omitiendo el carácter de deuda soberana y asumiéndola como privada resultó del ajuste de la legislación del país central a la financiarización en el fin de siglo del auge neoliberal.

Ahora cuando el juez Griesa quita el amparo y exige el cumplimiento de los términos de una sentencia que pone en riesgo la reestructuración de la deuda, los logros sociales de una década, la duplicación del PBI, el proyecto de industrialización y la autonomía financiera, economistas y políticos de la derecha argentina, bajo el manto de un falso y dañino “sentido común”, sostienen que es necesario “hacer lo que el juez diga”, someterse a la realidad de que “las cosas son así”, razonar acerca de la “irritación del juez provocada por un discurso que ofende”. Cuestionan la política del gobierno argentino que resolvió hacer uso de la palabra para denunciar en los distintos foros internacionales e informar al pueblo sobre la ilegitimidad de los fallos, aduciendo el falso argumento de los beneficios del sometimiento al amo (una corporación jurídicofinanciera) para promover su mejor consideración. Esta es, en su versión farsesca, una burda adaptación de la lógica de las “buenas señales a los mercados”, de la lógica “market friendly”, ahora en su versión “vulture friendly”. La actitud de subalternización al poder constituye –en la lectura neoliberal– el mejor camino para la mejora del bienestar, leído como una cuestión puramente material. Ese paradigma supone a la sociedad como un conjunto de consumidores y no de ciudadanos. El valor del crecimiento económico se le impone como única virtud. En su mirada, la omisión de la historia se extiende del pasado al futuro. No hace un balance de lo ruinoso de los resultados económicos de esas conductas cuando hegemonizaron la política y la economía del país. Tampoco valoriza los efectos futuros de una lectura que habrá de dar cuenta sobre un pueblo y una nación que habrían enfrentado con dignidad y autonomía de decisión una encrucijada de injusticias y dificultades frente a otra que informe sobre cobardías y sumisiones.

La vinculación de la economía con la política es estrecha e indisoluble. El intento de despolitizar el tema de los buitres proviene de la misma corriente que brega por despolitizar la economía. De la corriente que condena la intervención pública en la actividad productiva. De la que propone el culto a los mercados. De la que adhieren los políticos que pretenden reducir sus discursos y acciones sólo a un tema de gestión. De la que a fines del siglo XIX mutiló el nombre de la disciplina (Economía Política) e intentó recluirla en reductos académicos para quitarla del debate público y establecer un discurso único, el del poder.

Otros vientos corren en nuestro país. Otras voces suenan alto. Como para saber que el tema de los buitres no es sólo de pesos. Que el tema también es cultural. Que importa lo que chicos y jóvenes argentinos leerán sobre el mismo en las escuelas y universidades del 2050. Significará mucho lo que hoy están diciendo el ministro de Economía y la Presidenta de la Nación. Porque importan los hechos y las palabras (que también son hechos).

* Director del CefidAR.