El juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, ratificó al abogado Daniel Pollack como mediador entre la Argentina y los fondos buitre. El letrado impuesto por el tribunal para buscar una solución negociada a la disputa fue impugnado desde el Ministerio de Economía, donde consideran que actúa como vocero de los buitres. Por eso, los representantes legales del país reclamaron formalmente su reemplazo en la última audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cuestionaron la parcialidad del special master en favor de los demandantes, manifestada en su último comunicado. En ese texto, publicado la semana pasada tras el fracaso de sus gestiones, Pollack enfatizó la existencia de un default y advirtió sobre inminentes consecuencias para la población argentina asociadas a ese escenario. El viernes, Griesa defendió oralmente a su intermediario en las conversaciones, y ayer emitió una decisión donde confirmó su rol y respaldó sus polémicas declaraciones públicas. El equipo económico definirá en las próximas horas si apela la decisión del juez.

El 30 de julio concluyó el plazo de gracia para que los fondos depositados por el país se acrediten en las cuentas bancarias de los bonistas. Hasta el último minuto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los abogados buitre estuvieron reunidos en las oficinas de Pollack, aunque esas conversaciones fracasaron. El Gobierno rechazó definir el inédito e insólito escenario como un cese de pagos, pero las empresas calificadoras de riesgo sentenciaron el default. El mismo camino siguió el mediador impuesto por el tribunal. “El default no es una mera cuestión técnica sino un episodio real y doloroso, que lastimará a la gente real. Esto incluye a los ciudadanos ordinarios, los bonistas que entraron a los dos canjes y los holdouts, quienes no recibirán el pago que fue ordenado a través de una decisión judicial. Las consecuencias totales del default no son predecibles, pero seguramente no serán positivas”, expresó entonces Pollack, quien embolsará alrededor de 300 mil dólares, a pagar entre las partes, por las seis reuniones que organizó sin éxito en su oficina.

“La Corte solicitó al special master que emita un comunicado y no deje el registro público en blanco si las negociaciones se caían o eran suspendidas. El mediador estaba implementando esa instrucción. Además no ha existido ninguna muestra de imprecisión en sus declaraciones. De hecho fue preciso”, reza la orden judicial emitida por el juez al justificar el polémico comunicado de Pollack. “El special master ha sido justo en su relación con las partes. No existió ningún sesgo. Es muy importante permanecer en la mesa de negociaciones para que los temas del caso se resuelvan”, enfatiza el magistrado en el texto publicado ayer.

“Al mediador Daniel Pollack se le cayó la careta. Sacó un comunicado digno de los fondos buitre con la intención de generar pánico”, lamentó Kicillof la semana pasada. “A Pollack sólo le faltó ponerse la camiseta de los buitres”, insistió el domingo el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis. El paso siguiente del equipo económico fue instruir a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton para que soliciten el desplazamiento de Pollack frente a su manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre. “El mediador se excedió absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de ‘default’ al impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas”, advirtió el Palacio de Hacienda en un comunicado.

El representante legal del país, Jonathan Blackman, solicitó oralmente la remoción del special master en la última audiencia convocada por el tribunal, pero Griesa rechazó el pedido y confirmó a Pollack. “El es completamente imparcial”, aseguró Griesa frente a los duros cuestionamientos realizados por Kicillof y los abogados contratados por la Argentina. “Si la palabra ‘default’ fue utilizada, bueno, difícilmente puede decirse que sea imprecisa cuando los pagos a los bonistas del canje no fueron realizados”, insistió el juez, que dos semanas atrás reconoció la existencia del pago realizado el 26 de junio por la Argentina y retenido por el Bank of New York debido a su intervención directa.