Con una batería de iniciativas legales desplegadas ayer, el equipo económico pretende garantizar a los acreedores el cobro de los fondos depositados por el país a fines de junio y la recepción de los próximos pagos el 30 de septiembre. Las intimaciones formales al Bank of New York Mellon (BoNY) y a la sucursal argentina del Citibank a las que accedió este diario, junto con un aviso legal destinado a los tenedores de bonos del canje publicado hoy, persiguen un doble objetivo: prevenir potenciales reclamos contra el país de los acreedores reestructurados que sumen tensiones financieras en el corto plazo y allanar el terreno para desplazar al agente de pago o promover un cambio de jurisdicción.

Desde el Ministerio de Economía indican ante cada consulta de Página/12 que ningún camino está definido. Todas las alternativas son complejas y tienen costos, reconocen. Tampoco descartan la emergencia de un arreglo entre los fondos buitre y terceras partes interesadas. Sin embargo, enfatizan la necesidad de tomar la iniciativa en el frente legal y promover que un mayor número de bonistas se involucren en el reclamo a los agentes de pago. Un grupo de fondos de inversión con bonos en euros regidos por la ley inglesa ya comenzaron a explorar esa vía.

Cumpla y pague

“No está en discusión que Argentina pagó los montos correspondientes en tiempo y forma como establece el contrato al depositar los fondos en una cuenta del fiduciario. En otras palabras, Argentina pagó”, enfatiza la nota de intimación enviada al BoNY. El texto que deberá ser distribuido por el banco entre los bonistas del canje afirma que “la República está resuelta a continuar pagando los vencimientos de sus bonos del canje y reclamarle al juez Thomas Griesa la remoción de los impedimentos que actualmente parecen interferir con la correcta administración de los pagos realizados por el país”. Pero la misiva enviada por la cartera a cargo de Axel Kicillof da un paso más. Advierte que la entidad financiera será responsabilizada en la Justicia “por cualquier perjuicio que sufra el país como resultado de sus actos y omisiones” y agrega que le reclamará una indemnización.

Entre los planteos que realiza el área legal del Palacio de Hacienda se destaca el señalamiento sobre el pasivo cumplimiento de las órdenes de Griesa que bloquearon el curso normal de los 539 millones de dólares depositados por el país el 26 de junio. “La conducta del BoNY genera importantes dudas sobre el desempeño de sus obligaciones como fiduciario. El banco puso sus intereses y los de los demandantes por sobre aquellos de los bonistas del canje, violando sus obligaciones contractuales. De hecho, el BoNY ha estado más preocupado por la visión del juez Griesa sobre el banco en lugar de buscar los pasos a seguir para asegurar que los fondos en su poder en nombre de los bonistas lleguen a sus dueños”, sostiene la carta escrita en inglés.

La intimación afirma que el banco incumplió con el contrato, ya que no sólo retiene una propiedad de los acreedores, sino que no procedió a buscar mecanismos para remediar inmediatamente esa irregularidad en instancias legales superiores. Además, la intimación recuerda que, durante el extenso recorrido de la causa por las diferentes instancias de la Justicia de Estados Unidos, el BoNY presentó un escrito donde argumentaba que la Corte del Distrito Sur de Nueva York no tenía jurisdicción para atar al BoNY a sus órdenes. Un argumento que, aunque no fue descartado por la Cámara de Apelaciones, no volvió a ser esgrimido por los representantes legales del banco.

48 horas al Citibank

Los cuestionamientos a la sucursal argentina del Citibank, a cargo del pago de los vencimientos de interés de los bonos en dólares regidos por ley local, son todavía más contundentes. Economía recuerda lo evidente: “La entidad registrada, constituida y autorizada para operar en Argentina conforme la Ley de Entidades Financieras” tiene como función “el pago de los intereses de los bonos argentinos del canje sujetos a ley y jurisdicción argentina efectuados en nuestro país”. En este sentido, la intimación advierte que solicitar instrucciones a Griesa sobre cómo proceder es innecesario.

Hasta ahora, el magistrado sólo habilitó la transferencia de los fondos “por única vez”. Por eso, se intimó al Citibank “para que en el término de 48 horas informe a la Secretaría de Finanzas la actitud que adoptará en relación a la distribución de los próximos pagos”. El vencimiento siguiente llegará el 30 de septiembre y corresponde a los bonos Par.

Despabilar bonistas

“Le recordamos a los bonistas, que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del Trust Indenture, para el caso que el Agente Fiduciario incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que la República Argentina ha realizado a su favor”, explica el aviso legal que hoy publicaron diferentes diarios locales y extranjeros. El texto apunta directamente al artículo del contrato donde se estipulan las condiciones para remover al BoNY y las potenciales modificaciones a las condiciones financieras del convenio que rige el funcionamiento de los bonos. “El presente aviso no deberá interpretarse o entenderse como asesoramiento legal por parte de la República Argentina”, advierte Economía.