La renegociación de la deuda externa posiblemente ha sido una de las tareas que más exitosamente resolvió este gobierno, no sólo porque logró una importante quita, sino porque incorporó a casi el 93 por ciento de los tenedores de títulos. Junto con esa tarea logró también el desendeudamiento, situación que coloca a la Argentina en un umbral favorable para decidir sus políticas futuras.

Así como se puede calificar de acertadas esas decisiones, el tratamiento jurídico que tuvo la causa de los fondos buitre a todas luces no aparece como el más conveniente. No haber levantado la “cláusula cerrojo” en el momento del tratamiento en primera instancia le dio la excusa a un juez, que no aparecía como independiente no sólo de los republicanos sino de los poderes financieros que los respaldan, para que resolviera en la forma que lo hizo.

El Gobierno debería haber tenido la información sobre con quién estaba tratando y haber actuado en consonancia, dándoles, frente a la presentación judicial de los “buitres”, la posibilidad de que tuvieran el mismo tratamiento que el resto de los bonistas y haber clausurado la opción de pari passu.

A pesar de ello, los argentinos estamos hoy frente a una gran encrucijada, que si no enfrentamos correctamente nos puede llevar a hipotecar el futuro del país y condicionar fuertemente las posibilidades de equidad e igualdad entre los ciudadanos.

El fallo de la Justicia norteamericana es una muestra de los intereses que se juegan cuando el capitalismo es salvaje, no importando las consecuencias de las decisiones que se toman. La Justicia tiene jueces, no máquinas, para que puedan interpretar las consecuencias de los fallos a tomar y que esas decisiones no empeoren el resultado final.

Frente a la resolución de las tres instancias judiciales, la decisión del Gobierno de no haber ofrecido a los “buitres” un dólar más que a los tenedores que entraron al canje fue la correcta.

Es correcta porque evita que pueda interpretarse que se disparó la “cláusula RUFO” y con ello revertir la política de desendeudamiento, que tanto nos ha costado a los argentinos en dos megacanjes. Es correcta porque desde el no pago siempre es más fácil negociar, como sucedió con el default de 2001 y la renegociación de la deuda. Es correcta porque no genera el precedente que fondos que compran deuda en default puedan romper las recomposiciones hechas por mayorías calificadas en el mercado financiero mundial, con la sola decisión de un fallo judicial.

Los Estados soberanos no son sociedades anónimas a los que un juez comercial libra un embargo por falta de pago de una acreencia y debe cumplir la sentencia mansamente; su responsabilidad no es sólo mayor sino que aceptar cualquier tipo de renegociación involucra a muchas generaciones.

Se debe pensar, como opinan importantes técnicos en el tema, que el cambio de jurisdicción para el pago de los bonistas reestructurados es una solución viable, partiendo de la base de que ya un grupo muy importante de ellos se ha presentado al juez de la causa pidiendo que reponga el stay para que la Argentina pueda negociar con los “buitres” sin la espada de Damocles de la “cláusula RUFO”.

La solución de que bancos compren la deuda, actitud que toman porque sus tenencias en bonos se lesionan, si bien aparece como salida que salva del “no pago”, se debe tomar con pinzas, no sólo porque la experiencia de negociar con bancos de este gobierno y de otros no ha mostrado la mejor de las soluciones sino porque el sistema financiero corporativamente es más poderoso que esos fondos que manejan los bonos defolteados.

Por todo esto, por la complejidad del tema, por el monto de lo que se está discutiendo y por las consecuencias que esto puede acarrear, éste es un tema de Estado, y así lo debemos tratar, oficialistas y opositores, sin banderías partidarias, teniendo mucho cuidado de que la cantidad de intereses que hay en juego no haga que ninguno caiga en la trampa de estar defendiendo intereses no legítimos.

* Diputado nacional UCR.