La Unión Industrial Argentina se posicionó en contra de los proyectos de ley que buscan empoderar al consumidor y ampliar las atribuciones de la Secretaría de Comercio. En particular, las críticas se concentraron en la norma que reemplazaría a la Ley de Abastecimiento, llamada Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. “Es peligrosa, puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo”, dijo el titular de la entidad patronal, Héctor Méndez. La principal oposición viene del lado de las empresas productoras de alimentos. El secretario de Comercio, Augusto Costa, recibirá hoy a los industriales para debatir los alcances de las iniciativas legislativas.

En la reunión del lunes, la cúpula de la UIA le preguntó a Costa si el Gobierno estaba dispuesto a debatir las nuevas leyes del área comercial. El funcionario accedió y mañana realizarán ese encuentro, que promete ser áspero. “Algunas cosas tenemos que discutirlas, porque son peligrosas, concretamente la nueva ley de abastecimiento, que puede afectar muy negativamente a la inversión y al empleo tal cual está. Propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades, que desde nuestra perspectiva pueden ser perjudiciales”, señaló Méndez. Pidió que el proyecto “se debata profundamente y no en forma rápida”. Los industriales discutieron el tema ayer en la reunión de comisión directiva, donde definieron su postura crítica hacia la nueva ley.

El Gobierno propone cambios en dos direcciones. Desde el costado judicial, el proyecto crea un fuero del consumidor, que permita resolver de manera expeditiva los diferendos entre consumidores y empresas, con un sesgo en favor de los primeros. Contempla una instancia inicial de mediación con asistencia obligatoria de las partes, donde se espera que la mayor parte de los conflictos se resuelvan y así los consumidores tengan más incentivos a quejarse por bienes defectuosos, cobros indebidos o cualquier tipo de abuso comercial.

En segundo lugar, más relevante desde el punto de vista de la política económica, habrá cambios en las leyes de Lealtad del Consumidor y en la Ley de Abastecimiento. En particular, el resquemor empresario se centra en la Ley de Abastecimiento, que pasaría a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y tendrá, como novedad, que se elimina la pena de cárcel para el empresario y se elevan los montos en dinero ante situaciones de incumplimiento. Los industriales se quejaron de que la nueva ley permitiría al Estado “fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos de precios, incautar e incluso vender bienes o servicios escasos sin juicio de expropiación previo”. Sin embargo, un repaso por la legislación actual muestra que todas esas temidas facultades en realidad están vigentes desde mediados de los ’70. De hecho, muchas de ellas ya fueron aplicadas por Costa (recientemente en el caso de los laboratorios) y por su antecesor, Guillermo Moreno.

La Ley de Abastecimiento fue promulgada el 24 de junio de 1974. Su aplicación fue suspendida en noviembre de 1991 y luego reestablecida en 1999 a través del Decreto 722, que declaró el “estado de emergencia de abastecimiento”.

Los empresarios no desconocen que la Ley de Abastecimiento 20.680 está vigente y permite al Estado realizar las medidas mencionadas. El tema es que esa norma es muy cuestionada y su aplicación fue realizada casi siempre de forma discutida en estos años. La nueva norma legitimaría del todo esas herramientas. Potencialmente, eso equivale a un mayor grado de intervención del Estado en la economía, lo que genera miedo y entusiasmo, en unos y otros.