“La Argentina tiene que denunciar a los Estados Unidos por incumplir con los derechos humanos en el litigio de los fondos buitre”, dijo a este diario Daniel Herrendorf, consultor de Naciones Unidas. El jurista explicó que una presentación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitiría recomponer la cautelar de la sentencia de Griesa. Precisó que este organismo puede decidir por encima de la Justicia estadounidense. Herrenford publicó recientemente un tratado internacional de derechos humanos, el cual recibió la colaboración de los ministros de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt.

–¿Cuáles son los recursos judiciales que le quedan a la Argentina?

–La Argentina debe acudir de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo tiene competencia para establecer una medida cautelar sobre la sentencia de la Justicia norteamericana. El pedido para que se reponga el stay lo podría iniciar un organismo público, privado e incluso un particular. La solicitud debería contar simplemente con una explicación del caso argentino respecto de la disputa judicial contra los buitres, precisando que la Corte de Nueva York no respetó en su decisión los lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos.

–¿Qué grado de representatividad tiene la Comisión Intera-mericana?

–El sistema interamericano de derechos humanos tiene dos órganos relevantes. Uno es la Comisión Interamericana, la cual tiene injerencia sobre todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto implica que tiene autoridad para suspender de forma temporal las decisiones de la Justicia de estos países. El segundo organismo, con el cual no hay que confundirse, es la Corte Interamericana. Esta institución sólo tiene competencia con países que firmaron el pacto de San José de Costa Rica. Norteamérica no signó este acuerdo, por lo que no tendría sentido acercar el caso a esta corte. El punto central es que el país cuenta con grandes ventajas para presentarse ante la Comisión Interamericana, debido a que muchas naciones e individuos con influencia en el mundo de la política y de la economía manifestaron sus diferencias en relación con la decisión de Griesa. También porque los beneficiarios de la sentencia (los fondos buitre) no cuentan con ningún prestigio dentro de la comunidad internacional, sino que son vistos como especuladores que buscan conseguir provecho a costa del sufrimiento de Estados enteros.

–¿Por qué podría considerarse que hubo una violación de derechos humanos en el juicio de los buitres contra el país?

–Estados Unidos propuso y firmó una carta de derechos y obligaciones para las naciones. Esta iniciativa estableció que los países desarrollados deben ofrecer a los Estados en desarrollo un trato preferencial en materia económica, por lo que deben ayudarlos sin importar los motivos y sin esperar reciprocidad. Lo relevante es que la Justicia no tuvo en consideración este principio cuando hizo la evaluación del caso de los holdouts. Es grave que un juez de primera instancia de la Corte de Nueva York, Thomas Griesa, se haya encargado de este litigio como si fuera un problema entre privados. La realidad es que en el juicio se juega la reestructuración de una deuda soberana, donde existe una población en el medio que puede pagar caro las consecuencias de un proceso de default. La Justicia norteamericana no tuvo en cuenta la posibilidad de generar un hundimiento económico, el que podría generar una situación de crisis como en 2001, cuando hubo fuertes violaciones sobre los derechos humanos de la población argentina.

–¿Existen antecedentes del accionar de esta comisión en Estados Unidos?

–La comisión sentó precedente en tres casos: Warnern, Khadr y Buclew. Dos de ellos contemplaron el accionar incorrecto de jueces de Estados Unidos que condenaron a pena de muerte a individuos en condiciones que violaban los derechos humanos. En el tercer caso se avanzó sobre una situación de violación de derechos humanos en la cárcel de Guantánamo. Son precedentes concretos donde la comisión decidió por encima de la Justicia norteamericana e impuso medidas cautelares.