La AFIP allanó ayer cuatro sedes del banco HSBC por supuestas maniobras de evasión por 224 millones de pesos y lavado de dinero por más de 392 millones en sólo seis meses. La medida fue ordenada por el Juzgado en lo Penal Tributario Nº 3, a cargo de María Verónica Straccia, tras casi un año y medio desde que la entidad fuera denunciada por el ente recaudador. En febrero de 2013 se hizo un primer allanamiento en el marco de esa causa. El operativo judicial de ayer recayó en la casa matriz, en pleno microcentro porteño (Florida 201), y en las sedes de Avellaneda, Caseros y La Boca. Las autoridades del HSBC adujeron que parte de la documentación requerida se encontraba en las instalaciones del depósito incendiado de Iron Mountain, compañía también investigada por evasión y lavado.

Según la investigación, el HSBC ofrecería a sus clientes una plataforma financiera para evadir impuestos y lavar activos en una sucursal, “la Nº 50”, que en realidad no existe en el banco.

En abril de 2009 la AFIP se constituyó como querellante en la causa Compumar, aún en trámite ante el Juzgado Nº 1, a cargo del juez Javier López Biscayart. Por la complejidad del caso, el magistrado decidió escindir la investigación y conformó la causa Rozuadonsquey, en la que la AFIP también interviene como parte querellante desde su inicio. Con la actuación de la AFIP en la investigación se formaron distintas causas penales para determinar si hubo casos de evasión de empresas que utilizaban facturas apócrifas. Entre éstas surgió la Red Multiservicios, mediante la cual la AFIP pudo iniciar el seguimiento.

El 4 de febrero del año pasado la administración federal denunció al HSBC como integrante de una asociación ilícita, expediente que se tramita en el tribunal de Straccia. Según explicaron en la AFIP, el banco ofrecía el uso de cuentas ocultas, con CUIT genéricos que estaban exentos del Impuesto de Débitos y Créditos, para depositar fondos que no fueron informados al fisco. Con este accionar se buscaba ocultar a los verdaderos responsables de las acreditaciones bancarias. Una de las firmas era Red de Multiservicios, que tomaba las facturas para justificar costos. Esta empresa además endosaba los cheques a favor de Más Distribuidora y Recaudaciones y Servicios del Sur. En los seis meses de investigaciones estas empresas movieron 392 millones de pesos, por los cuales debieron tributar 224 millones de pesos por impuesto al cheque, IVA y Ganancias.

La maniobra se detectó a partir del primer allanamiento realizado a este banco y en las compañías involucradas en febrero del año pasado. Según fuentes vinculadas con la causa, existe evidencia de al menos 2141 registros de números de CUIT genéricos con domicilios inexistentes, en los que se acreditaron fondos por más de 9700 millones de pesos entre 2008 y 2012 a través de la “Cuenta Nº 50” (inexistente). Por estos movimientos, adeudarían al fisco unos 5550 millones de pesos bajo los conceptos de Ganancia (35 por ciento), IVA (21 por ciento) y a los Débitos y Créditos (1,2 por ciento). Los directivos del banco enfrentarían cargos por incumplimiento de deber de conocer a sus clientes, que establece la Unidad de Información Financiera (UIF) para evitar maniobras de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. El delito no es excarcelable.