La sociedad privada que regula derivados financieros (ISDA) definió ayer que el 21 de agosto se realizará el proceso de subastas de bonos para determinar los montos a desembolsar por seguros contra default de la Argentina, mientras que tres días después se harán efectivos los pagos. La agencia reguladora votó a fines de julio que la decisión del juez Griesa de bloquear el cobro de 539 millones de dólares de bonistas con Discount era motivo suficiente para gatillar coberturas contra cesación de pagos del país. Los Credit Default Swap (CDS) son un instrumento que se negocia entre privados, por lo que no existen registros públicos acerca de quienes recibirán la cobertura. Elliott y otros fondos buitre que litigaron contra la Argentina podrían cobrar parte de estos seguros.

Luego de cuatro reuniones sin definición, los 15 miembros del ISDA votaron por unanimidad que la próxima semana se avanzará en la distribución de los seguros por incumplimiento de deuda argentina. El mecanismo para cancelar estas coberturas requiere obtener un precio de referencia de la deuda local, para lo cual se realizará un proceso de subasta con el objetivo de replicar la oferta y la demanda del mercado sobre los bonos Discount, Par y Global 2017. La intuición de este procedimiento es que si en promedio la deuda argentina tiene un valor original de 100 dólares, pero en la subasta ofrecen comprarla por 40, las aseguradoras deben compensar a los inversores por los 60 restantes. La clave de los Credit Default Swap es que los que tomaron esta protección no reciben cobertura por la totalidad de la deuda, sino por lo que no pueden recuperar a través de la venta de los títulos en el mercado. Una estimación de la agencia privada Markit, la cual se encargará de realizar el proceso de subasta de los bonos argentinos, precisó que el pago de los seguros superaría los 565 millones de dólares, donde los bonistas tendrán una devolución de 54,3 dólares de cada 100 asegurados.

La última vez que el ISDA habilitó el pago de seguros contra default soberano fue en 2012, cuando la economía griega se declaró en moratoria por incapacidad para enfrentar su deuda soberana. El resultado de la subasta fue que de cada 100 dólares asegurados se cubrieron 79,5 dólares, al tiempo que los bonistas pudieron recuperar 21,5 dólares con la venta de sus títulos en el mercado. Las aseguradoras repartieron en torno de 2500 millones de dólares. Este antecedente requiere observar que Grecia llegó a la cesación de pagos con un desempleo del 25 por ciento, un déficit de las cuentas externas del 5 por ciento del Producto y una caída de la actividad económica del 6,4 por ciento, mientras que la Argentina computó una tasa de desocupación del 6 por ciento, un leve desequilibrio de la cuenta corriente del balance de pagos y una expansión del Producto del 3 por ciento en 2013 y del 7 por ciento en el promedio de los últimos diez años. En 2002, cuando el país ingresó en default con el estallido del plan de convertibilidad, el mercado laboral anotaba desempleo del 20 por ciento y la economía retrocedía más del 10 por ciento.

El fondo de Paul Singer, Elliott Management, fue una de las 15 entidades que participaron de la votación del ISDA. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que diferentes organismos de regulación de las finanzas globales, entre los que se encuentra la Comisión Nacional de Valores, avanzan en una investigación para conocer si este fondo buitre es dueño de los Credit Default Swap.