La denuncia penal presentada por la AFIP contra la imprenta norteamericana Donnelley será remitida al fiscal federal Patricio Evers para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba. La causa quedó asignada por sorteo al juez Daniel Rafecas, quien se reincorpora de su licencia la semana que viene, de modo que en forma interina está en el despacho de María Servini de Cubría. “La situación se encuadraría en una posible infracción a la ley 26.733, de quiebra fraudulenta de empresas. Esa norma busca perseguir a los delincuentes de guante blanco que cometen crímenes en perjuicio de los trabajadores”, señaló ayer el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

Donnelley se declaró sorpresivamente en quiebra el lunes pasado. Sus 400 empleados de la planta de la localidad bonaerense de Garín encontraron el predio cerrado y un papel pegado en la puerta que justificaba la medida tras 22 años de actividad en el país por “una crisis insuperable de la firma, sin alternativas viables”. A pesar de ese mensaje tan desesperanzador, la situación de Donnelley Argentina dista bastante de lo que se espera de una empresa en bancarrota. La empresa cuya sede central se encuentra en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, tiene un nivel de endeudamiento con el fisco relativamente bajo, de 100 mil pesos, un activo de 180 millones de pesos y un pasivo de 140 millones, es decir que su patrimonio neto es positivo, de 40 millones de pesos.

La AFIP hizo tres presentaciones contra Donnelley. En primer lugar, pidió a la Justicia comercial que revoque y deje sin efecto la quiebra concedida a la multinacional. El principal argumento del organismo recaudador es que el activo de la firma es superior al pasivo, con lo que posee un patrimonio neto positivo. “La justificación de la quiebra que esgrime la empresa es falaz. Habla de vaivenes económicos y argumenta una baja en la producción, cuando en realidad desde hace años la firma produce, fabrica y distribuye las revistas más importantes del país y además los estudios realizados por los sindicatos gráficos indican que el sector no está en crisis”, explican desde la AFIP.

El organismo recaudador además efectuó una denuncia penal acusando a Donnelley de “alteración del orden económico y financiero” según prevé el artículo 309 inciso 1 de la ley 26.733. La AFIP pidió ser tenida por parte querellante y la denuncia recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Ahora el fiscal Patricio Evers dictaminará si comienza la investigación.

La ley 26.733 fue sancionada a fines de 2011 e incorporó al Código Penal delitos económicos, como el uso de información privilegiada para la negociación o liquidación de valores negociables, transacciones que distorsionan instrumentos financieros y otras acciones que afecten al sistema económico en su conjunto. El artículo 309 dispone que “será condenado a prisión de uno a cuatro años quien realice transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”. Según Alejandro Vanoli, la situación cuadra para que esta ley se aplique por primera vez. “Queda claro que el Gobierno está persiguiendo a quienes perjudican a la clase trabajadora con estos delitos de fraude económico”, indicó.

La ley 26.733 fue aprobada en el marco del tratamiento de una serie de medidas legales exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo que combate la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La AFIP advierte que en la composición accionaria de la casa matriz del grupo Donnelley & Sons Company aparecen los fondos de inversión Blackrock, Capital World Investors, The Vanguard Group y State Street Corporation. “Esos grupos inversores son socios en varios sectores estratégicos, como el sector energético, de Elliott Management, de Paul Singer. Todos ellos participan en el capital de la firma Hess Corporation, cuyo presidente habría sido nombrado a instancias de Singer”, dice el organismo. CFK en su discurso del jueves también vinculó a la multinacional con Singer, quien encabeza en Nueva York la ofensiva legal contra la Argentina para echar a perder la reestructuración de la deuda y cobrar la totalidad de los bonos defolteados en 2001. Una posibilidad que baraja el Gobierno es que si el juez considera que hubo una acción de quiebra fraudulenta, podría presentar otra denuncia apelando a la ley 26.734, la Ley Antiterrorista.

Si bien es una línea de acción muy incipiente, si avanzara la figura de terrorismo potencialmente se podrían congelar los fondos que los accionistas de Donnelley tienen en el país e incluso extender el pedido de embargo de activos al resto de los países del GAFI, según opinó ayer José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Un grupo de empresas que integran los fondos buitre en el país intenta aterrorizar a la población tratando de poner en jaque al Gobierno. En la acción de la empresa está el ataque al orden económico y financiero, pero también la extorsión”, dijo Sbattella.

Por último, el organismo recaudador que encabeza Ricardo Echegaray efectuará una presentación ante la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) para que esa entidad investigue los motivos que llevaron a Donnelley a cerrar su filial en Argentina y declarar una pérdida de más de 20 millones de dólares que no está reflejada en los balances.