“Si entra una declaración de quiebra el viernes al juzgado y sale el lunes, si los directivos cambiaron al directorio y se fueron antes, si el balance de las empresas determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y todo un equipamiento e infraestructura edilicia, lo que se está promoviendo es una conducta por lo menos alevosa, sospechada de fraudulenta”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respecto de la denuncia que hizo el gobierno nacional contra esa empresa.

Esta decisión, anunciada el jueves por la presidenta Cristina Kirchner, despertó críticas en todos los sectores de la oposición, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores hasta el PRO y el Frente Renovador, pasando por el FA-Unen, quienes usaron argumentos similares para calificar la denuncia del Gobierno contra la multinacional como un “apriete” para “meter miedo” a los empresarios y una acción “demagógica” que traerá consecuencias económicas para el país.

Al respecto, Capitanich dijo que “ningún empresario debe preocuparse si hace las cosas bien” porque el Gobierno “no quiere perjudicar” a ese sector, sino perseguir a quienes cometen delitos. “Nadie se tiene que quejar si se tiene un comportamiento eficaz, dinámico, con responsabilidad social, que promueve valores, que paga bien y cumple con las leyes laborales e impositivas”, agregó.

En el mismo sentido se manifestó el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien recordó que la AFIP “aportó la información necesaria para sospechar al menos que hubo una maniobra poco clara en el quiebre de esta empresa”, que –según explicó la Presidenta– tendría vínculos económicos con los fondos buitre. “A todos nosotros nos llamó la atención la manera abrupta y sin aviso de cómo notificó su quiebra Donnelley con un papelito en la puerta diciendo que la empresa había cerrado”, agregó Berni.

Las críticas al Gobierno llegaron por izquierda y por derecha. Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli sostuvo que el anuncio de la Presidenta “confirma la sospecha” de que la Ley Antiterrorista “iba a ser utilizada como un instrumento político para perseguir a personas que no simpatizan por el Gobierno”. Su compañera de bancada, Patricia Bullrich, en tanto, dijo que es “una herramienta discrecional, autoritaria y abusiva”.

Por el FA-Unen se manifestaron los precandidatos presidenciales Julio Cobos y Ernesto Sanz. El titular del radicalismo advirtió que “las amenazas del Gobierno no hacen más que empantanar la economía” y que con la denuncia la mandataria “de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos”; mientras que el ex vicepresidente sostuvo que “todo esto genera incertidumbre a nivel empresarial” y “desalienta las inversiones.”

En tanto, los diputados del Frente Renovador Graciela Camaño y Adrián Pérez también rechazaron la norma. “Es una herramienta de amedrentamiento a la sociedad”, sostuvo la legisladora. Pérez, por su parte, dijo que la ley “se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El diputado por el FIT Néstor Pitrola denunció que el Gobierno “barniza” la norma “como una ‘ley antibuitre’”, cuando en realidad sería “contra el movimiento popular”. El dirigente del Partido Obrero anunció la presentación de “un proyecto de ley para declarar de utilidad pública” a la imprenta.