Mañana, martes, comenzará en la Cámara de Senadores el debate sobre los instrumentos legales para proteger los derechos de los consumidores enviados por el Poder Ejecutivo. Las primeras dos iniciativas a debatir serán la creación de un “sistema de resolución de conflictos” y un “observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios”. Todavía no fue incorporado en el temario del plenario de comisiones el proyecto que modifica varios artículos de la Ley de Abastecimiento para otorgarle a la Secretaría de Comercio mayores atribuciones para controlar las relaciones de producción y consumo. Esta última iniciativa despertó las críticas de algunos sectores empresarios, vinculados a los grupos dominantes, que se oponen a cualquier injerencia del Estado en la economía. También fue cuestionada por distintos partidos de la oposición afines a aquéllos, que aprovecharon el envío de esta ley para iniciar sus respectivas campañas electorales.

“Las iniciativas apuntan a fortalecer la capacidad del Estado de proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo, es decir, los pequeños productores y empresas, los consumidores y los trabajadores”, sostuvo ayer el secretario de Comercio, Augusto Costa, en una entrevista. El proyecto que pretende modificar la ley de abastecimiento suprime “disposiciones cuestionadas, como las expropiaciones, la intervención de empresas, la suspensión de patentes y los arrestos”. Es decir, en términos punitivos resulta más benigna que la normativa actual, también cuestionada por empresarios y opositores. El principal rechazo de los “hombres de negocios” y la dirigencia política opositora radica en que, con estas modificaciones, el Estado estaría actualizando la vigencia de una serie de instrumentos con los que ya contaba, con el objetivo de otorgarles una nueva legitimidad.

Las cámaras empresarias y la oposición argumentaron que con esta iniciativa el Gobierno proponía “cambiar las relaciones económicas del país”. En realidad, en un régimen económico enmarcado en el capitalismo, la nueva norma que pretende regular las relaciones de producción y consumo renovará la capacidad del Estado de establecer márgenes de rentabilidad, precios de referencia y niveles máximos y mínimos de precios.

Entre las sanciones se incorpora la figura de la “pérdida de concesiones, los privilegios impositivos o crediticios especiales”. Luego de las privatizaciones de la década de 1990, muchos sectores quedaron regulados solamente desde los pliegos de licitación. Es decir que carecían de una regulación específica, como por ejemplo la telefonía celular, con un claro perjuicio para los usuarios y consumidores. El conjunto de normas que serán debatidas en el Congreso comenzará a saldar esa deuda del neoliberalismo en la Argentina.

El primer proyecto que se discutirá es el que crea una instancia de mediación para resolver los conflictos vinculados con el consumo. Asistirán a la Cámara alta funcionarios del Ejecutivo (probablemente Augusto Costa y Julián Alvarez, secretario de Justicia) y una serie de asociaciones de consumidores. El segundo proyecto a debatir el mismo martes será la creación del observatorio de precios. Todavía no tiene fecha de tratamiento el proyecto que busca modificar la Ley de Abastecimiento, pero seguramente su debate será introducido en el plenario de comisiones de Derechos y Garantías, Justicia, Industria y Comercio, y Presupuesto.