Hay maniobras del poder económico que rozan lo criminal, por el daño social que producen. Con “prudencia”, el Derecho Penal puede ser capaz de abrir un espacio de control. Así lo afirmó ayer el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en una conferencia que brindó en la Comisión Nacional de Valores (CNV). “La tesis de que el poder punitivo no puede intervenir en el mercado es una tesis ideológica y falsa”, sentenció, pero advirtió que existen dificultades para aplicarlo y que se corre el riesgo “de crear la ilusión de que con el Derecho Penal” se resuelven estos hechos.

“Hoy ya no se necesita una guerra, una invasión o una ocupación extranjera para imponer un gobierno. Basta con que se haga una maniobra para desarticular la economía y se infiltre el gobierno con técnicos funcionales a los intereses del poder económico”, consideró ayer Zaffaroni en la conferencia en la que lo acompañaron el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, y los diputados nacionales Héctor Recalde y Juan Carlos Junio.

Es que, de existir una supuesta “mano invisible” en el mercado, a veces lleva a cabo maniobras que “bordean los tipos penales” y que incluso “por la magnitud del daño social que producen” son criminales, opinó el magistrado.

En ese sentido, el ministro de la Corte añadió que dentro del Derecho Penal aún falta “un concepto de delito económico político”, que se refiera al efecto masivo que tiene un hecho así en toda la economía de un país y que excede las penas que se manejan en el poder punitivo a nivel internacional.

Por eso, Zaffaroni se preguntó entonces si actualmente el Derecho Penal puede hacer algo en estos casos. Sí, afirmó, si se conserva la prudencia, porque el instrumento penal puede ser manipulado “incluso puede ser funcional a los intereses que causan el daño social”.

“La tesis de que el poder punitivo no puede intervenir en el mercado es una tesis ideológica y falsa”, resaltó el ministro de la Corte Suprema. Si bien advirtió que puede haber quienes suscriban “el discurso que atraviesa el mercado, que ignora estas maniobras, que las considera normales, como males menores”, también remarcó que dado el efecto “perverso” que tienen estos hechos, la intervención de la Justicia también puede acarrear algunos riesgos.

“Esto debe ser tenido en cuenta para evitar que el poder punitivo quede instrumentado en favor de los mismos poderes que generan estos abusos”, subrayó Zaffaroni. “El poder punitivo, estructuralmente, es siempre selectivo. Agarra al que tiene menos poder”, sentenció.

Además, el magistrado reconoció que los penalistas no están “preparados para investigar estos hechos”. Existen, según afirmó, una serie de dificultades e inconvenientes que el Derecho Penal aún debe sortear para hacer frente a este tipo de delitos y poder operar “con prudencia”.

El delito de administración fraudulenta aparece como el más típico en este escenario, pero tiene un período de prescripción de solo seis años y que “debería ser más largo”. Pero, además, para el magistrado hay que tener en cuenta que de por sí existen muchas dificultades para sancionar a los responsables, como pueden ser directivos de banco, ministros de Economía, presidentes: todo aquel que esté encargado del manejo de bienes o de intereses ajenos. “Son los que generan la maniobra, la llevan a cabo, y los que después se presentan como los que tienen el conocimiento para salir de ella”, puntualizó.

Zaffaroni también se refirió a “otros inconvenientes no menores”, entre los que mencionó los “oligopolios de medios de comunicación en manos del poder financiero o aliados a él que van a de-salentar cualquier iniciativa de esta naturaleza”. Como consecuencia, agregó, la ciudadanía queda desinformada sobre estos temas.

“Llama la atención que empieza a haber una bibliografía penal al respecto”, agregó Zaffaroni y analizó así la actualidad del ámbito de las ciencias penales, sobre qué se habla y cómo se mueven los foros internacionales en torno de delitos en el plano económico.

Hay una idea, sostiene el ministro de la Corte, que permite resumir la capacidad que tiene el Derecho Penal. Es la de que el poder punitivo llega, precisamente, a la hora de establecer penas, de dictar sentencias cuando el delito ya está consumado. La prevención quedaría entonces por fuera del manejo del poder punitivo.

En ese sentido, comparó la legislación con el ámbito de los derechos humanos: no se puede pensar, señaló el magistrado, que las penas por genocidios a nivel internacional están previniendo el genocidio, sin perjuicio de que sea necesario sancionarlos. Por ese motivo, Zaffaroni enfatizó la necesidad de reforzar las instancias de control.

“¿Nadie se da cuenta? –se preguntó–. La ineficacia es pavorosa y sospechosa.” “¿Cómo se puede llegar a una situación de tener que salvar bancos con cifras astronómicas y el Estado no se haya dado cuenta de que se estaba preparando eso?”, agregó el magistrado.

“Lo único que se puede pensar penalmente para el futuro es en algunos casos donde esté comprometida la economía nacional, sobre todo en negociaciones que se hagan en el extranjero, principalmente en deuda externa, poner una pena más grave y ampliar el plazo de prescripción”, consideró y, aseguró que “de momento” no se puede hacer nada más en esa línea. “Corremos el riesgo de crear la ilusión de que con el Derecho Penal resolvemos estas cosas”, concluyó Zaffaroni.

Informe: Aldana Vales.