El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los secretarios de Justicia y Comercio, Julián Alvarez y Augusto Costa, respectivamente, estuvieron ayer en el Senado por más de ocho horas para responder las preguntas o cuestionamientos de los empresarios y la oposición sobre los tres proyectos de ley que buscan defender a los usuarios de los abusos de posición dominante de los sectores concentrados de la economía. “Si no hay intervención del Estado, habrá mayor concentración del mercado. No se trata de un intervencionismo estatal exacerbado sino de optimizar el sistema económico”, sostuvo el ministro coordinador. “El Estado busca equilibrar la desigualdad inherente en las relaciones de consumo y producción, es decir, entre el pequeño productor y los consumidores con las grandes empresas”, agregó Costa. Los funcionarios explicaron los principales lineamientos de cada uno de los proyectos como preludio de lo que fue un intenso cruce entre los representantes del establishment y los funcionarios nacionales.

“Conceptualmente estamos en contra de este proyecto. Por eso no vamos a discutir su articulado. Todos pensamos que es una mala ley.” Así de categórico fue Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), durante su presentación en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Marcelo Fuentes), Derechos y Garantías (Luis Petcoff Naidenoff), Justicia (Pedro Guastavino), Comercio e Industria (Eugenio Artaza) y Presupuesto (Aníbal Fernández).

La oposición convocó a una serie de entidades y cámaras que forman parte del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), como AEA, la Sociedad Rural, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la dirigencia empresaria católica, entre otras. Los empresarios dejaron en claro que no tenían pretensiones de plantear mejoras a los proyectos de ley sino todo lo contrario, cuestionaron su debate y dejaron entrever que si llegaran a ser sancionados, presentarán demandas por “inconstitucionalidad”.

“En 20 minutos que van de exposiciones nadie habla de los proyectos. El señor de IDEA dijo que las empresas no podrán ir a la Justicia (frente a una multa). Que se tome diez minutos para ver dónde dice eso”, retrucó Alvarez al comienzo de la segunda etapa de la jornada de ayer. “Nos oponemos a la sanción de esta ley, creemos que no es necesaria”, manifestó Miguel Blanco, presidente del Coloquio de IDEA. El concepto fue el mismo que el de su colega de AEA, es decir, rechazar el tratamiento parlamentario del paquete de leyes, a pesar de que los funcionarios se mostraron predispuestos a realizar modificaciones.

El primero en hablar había sido el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere: “En el campo no hace falta que esperemos a que se sancione la ley para conocer sus resultados negativos, porque este proyecto pretende institucionalizar y profundizar los mecanismos de intervención que venimos viviendo los productores hace varios años”. “Lo que usted está diciendo no es así. En la última década mejoró la rentabilidad de todo el sector”, respondió rápido de reflejos Miguel Angel Pichetto, titular de la bancada del oficialismo.

La primera jornada de debate sobre este paquete de leyes volvió a poner en evidencia las pretensiones políticas del establishment. Es decir, dejar las cosas tal cual están. En sus alocuciones, afirmaron estar a favor de la protección de los consumidores, pero que con el plexo normativo existente ya alcanzaba.

La iniciativa que busca modificar la añeja Ley de Abastecimiento, además de otorgarles mayores salvaguardas a los consumidores, acota el margen de acción de las grandes empresas que poseen el poder económico suficiente para perjudicar a los consumidores desde su posición dominante. Para muestra, un ejemplo: en abril de 2012 se produjo un faltante de yerba en las góndolas, al mismo tiempo que en los supermercados habían multiplicado el precio del producto. El supuesto conflicto se había originado luego de que los productores yerbateros recibieran un aumento del 90 por ciento en el precio por kilo de hoja verde, que en la práctica era de 80 centavos. Como respuesta, la industria y los supermercados trasladaron ese porcentaje a los consumidores y guardaron producción, generando desabastecimiento.

El texto del proyecto en discusión establece que la autoridad de aplicación puede “disponer la continuidad de la producción, industrialización y comercialización” de un determinado producto. En un caso hipotético, la norma cuestionada por el establishment podría haber resuelto el desabastecimiento causado por los empresarios yerbateros.

“Brasil, Uruguay, Chile no tienen tanta animosidad contra las empresas y tan mal no les va. Esta ley concentra decisiones en un solo funcionario que puede determinar la vida y muerte de una empresa”, afirmó Máximo Fonrouge, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quien también integra el FCE. Fonrouge es un defensor de los militares que participaron de la última dictadura. En un acto realizado el año pasado había dicho que “los militares, presos políticos, deberían estar en su casa. Estela de Carlotto y sus seguidores están sintiendo miedo y eso es un hecho de optimismo”.

“Podemos discutir, si lo consideran, cómo acotar aún más las discrecionalidades que mencionan. Pero ustedes lo único que quieren es derogar esta norma”, concluyó el secretario de Justicia.