“No asustemos a la gente con que desde el Estado se busca perjudicar a las empresas. Son leyes que existen en todo el mundo”, señaló ayer la presidenta Cristina Fernández durante su mensaje en el acto del aniversario de la Bolsa de Comercio. La mandataria apuntó a los reclamos empresarios contra el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento que se conocieron en las últimas horas. Los principales referentes de las cámaras patronales habían adelantado que recurrirían a la Justicia porque se atentaba contra la propiedad privada (ver más información en página 13). Ante una audiencia compuesta por hombres de negocios, la Presidenta exhortó a que “digan cuáles son los artículos y las normas (que critican) para poder cambiarlas”, pero consideró que “decir que todo está mal, nos lleva a una falta de discusión que no es buena”. La mandataria se refirió a la rentabilidad del sector financiero en los últimos años y lo actuado hasta el momento en el litigio con los fondos buitre (ver aparte).

Cristina Fernández arribó a las 19 al emblemático edificio de la Bolsa, fundado el 10 de julio de 1854, en donde se celebró el 160º aniversario de la institución, con un nivel de asistencia menor al de otros años. No bien ingresó fue recibida por representantes del nuevo sindicato de la Bolsa, cuya personería gremial se encuentra en trámite hace año y medio, quienes le entregaron un ramo de rosas. El atrevimiento no fue bien visto por el presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, a quien molestó que se opacara su rol de anfitrión. Cristina estuvo acompañada por el gabinete completo de ministros. En el escenario se ubicaron el ministro de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, Julio De Vido; de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, entre otros.

La apertura del acto estuvo a cargo de Gabbi, que fue elegido titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires después de un año en el que fue conducida por Horacio Fargossi, quien falleció en enero pasado. En su discurso destacó los desafíos y las oportunidades que presenta la nueva ley de mercado de capitales, cuya aplicación también fue muy resistida por los hombres de negocios pero que comenzó a dar sus frutos en materia de financiamiento a pequeñas empresas y economías regionales. “No vamos a usar este espacio para pedir”, dijo Gabbi, aunque disfrazó en tono de propuestas algunos viejos reclamos: ajuste por inflación, menor control al ingreso y salida de capitales y nuevos instrumentos para apuntalar la actividad inmobiliaria, como la creación de un instrumento que se ajuste a la suba del metro cuadrado.

Gabbi no hizo referencia directa en su discurso a la posición del sector empresario sobre la Ley de Abastecimiento, aunque 24 horas antes había conformado junto a sus pares del sector industrial, construcción, banqueros y agropecuario una posición común de rechazo a la iniciativa. La mandataria se refirió al tema. Los referentes de las cámaras patronales que integran el denominado Grupo de los Seis (G-6) se reunieron anteayer en la Unión Industrial para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento y acordaron que en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa recurrirán a la Justicia por considerarla inconstitucional. La mandataria aseguró que no estaba enojada por los cuestionamientos, pero pidió que no se asuste a la gente con desinformación sobre el tema. “En todos los países hay leyes que protegen a usuarios y consumidores”, dijo CFK, tras lo cual enumeró una serie de sanciones aplicadas en otros países que tienen legislaciones similares.

De acuerdo con un relevamiento internacional que enumeró, con las multas aplicadas por infracciones a la competencia empresas y por violación de los derechos de los usuarios, el ranking lo encabeza la Unión Europea, con 2500 millones de dólares en multas, seguido por Estados Unidos, con 1020 millones; Corea del Sur, 250 millones; China, 240 millones; Japón, 225 millones; y Brasil, 213 millones. A modo de ejemplo, citó el fallo contra Intel en Europa, donde se lo obligó a pagar 1060 millones de euros. El resto de las sanciones se focaliza en los sectores financiero, a partir del escándalo por la manipulación de la tasa de interés de referencia Libor, autopartistas, alimentos, aerolíneas y telecomunicaciones. También defendió las leyes 26.733 y 26.734 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque “nos va a permitir como miembros integrantes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) salir de la lista de observaciones”. “Son las que quiere derogar algún sector de la oposición, algo que impactaría de lleno en el mercado de capitales y en la economía en su totalidad”, agregó.