En el último mes y medio, la discusión sobre la disputa fondos buitre-Gobierno ha discurrido en gran parte en clave legal y económica. La opinión pública ha estado expectante de las audiencias de Griesa, de las reuniones con el mediador, de los plazos contractuales y del impacto de estos elementos en la evolución de los bonos públicos, la Bolsa, el tipo de cambio y las expectativas de inversión. La sensación es que en el interin, forzados por la complejidad del caso e inducidos por el propio enfoque de los medios informativos, se ha perdido de vista la dimensión política del problema.

En este sentido, hay al menos tres claves políticas que deben recordarse. La primera, la más básica y fundamental es que, amén de las pasiones a favor o en contra que despierta el gobierno nacional, se trata de una disputa entre un Estado soberano y actores privados, en este caso fondos de inversión altamente especulativos o fondos buitre. Esta distinción no es menor, porque el sistema internacional se articula a partir de la primacía ontológica del Estado-nación, lo que le depara una condición jurídica privilegiada a nivel global. En este aspecto se fundamentan las reglas de inmunidad soberana, consagradas en el Derecho Público Internacional y adoptadas en las distintas legislaciones nacionales, que impiden de manera generalizada el embargo de activos estatales. Esto nos plantea una distinción fundamental con los procesos judiciales que involucran sólo a partes privadas, donde la ejecución de sentencia es significativamente más sencilla. Consecuentemente, la naturaleza de un arreglo extrajudicial también se ve modificada: mientras Elliott, principal fondo litigante, sólo debe responder a sus accionistas, el Estado argentino está sujeto a su propio sistema legal, a la vigilancia de sus tres poderes y a las expectativas de cuarenta millones de habitantes.

Una segunda clave yace en el propio accionar de los fondos buitre. Sería un error creer que éstos se han limitado a pulular por las cortes. Bien por el contrario, la vía judicial tiene como contracara fundamental una estrategia político-comunicacional de largo plazo liderada por la American Task Force Argentina (ATFA), por la que llevan desde el 2006 más de cinco millones de dólares invertidos sólo en cabildeo ante el Congreso y el Ejecutivo estadounidense. En los medios masivos de comunicación, su presencia también ha sido notoria, destacando los artículos pagos en el The Wall Street Journal, el The Washington Post, La Nación y Clarín. El contenido de todas las intervenciones ha sido sumamente crítico de la Argentina, buscando asentar la matriz de opinión de que el país es un rogue state (un Estado paria), una discutida categoría que se emplea en los Estados Unidos para denotar a países sponsor del terrorismo y que por tanto suponen amenazas a su seguridad nacional. Es ingenuo sostener que el juez Griesa, los jueces de segunda instancia y los de la Corte Suprema hayan permanecido ajenos a este clima de ideas.

Como tercera clave está la posición del Ejecutivo de los Estados Unidos. El punto central es que la estrategia de reestructuración argentina de deuda, iniciada en el 2002, contó con el apoyo velado pero fundamental de la administración Bush. Corrían tiempos en los que la “teoría del riesgo moral” estaba de moda. La lectura era que tanto deudores como prestamistas obraban irresponsablemente sin temor al sobreendeudamiento, basados en la certeza de que el FMI los rescataría en última instancia. Para poner fin a este comportamiento, el Departamento del Tesoro consideró “ejemplificador” el default argentino: ya no habría rescate y, por lo tanto, su solución debía ser sui generis –deparándole un inusitado margen de acción al Estado argentino–. De este modo, la disputa con los fondos buitre es una consecuencia directa de este experimento de política económica internacional.

Desde entonces, las administraciones Bush y Obama apoyaron judicialmente a la Argentina en las cortes neoyorquinas a través de la presentación de amicus curiae. No obstante, la suspensión argentina del SGP, el bloqueo de créditos multilaterales y la no presentación ante la Corte Suprema en apoyo a la apelación del fallo pari passu son síntomas de que este acompañamiento se ha agotado, lo que se correlaciona directamente con la intensificación de los esfuerzos de los buitres a través de ATFA y vuelve aún más urgentes los esfuerzos argentinos de contra-lobby.

En definitiva, debemos recordar que se trata de una disputa que no es meramente contractual, judicial ni económica. Atender y operar sobre este trasfondo político, como en buena medida se viene haciendo, es menester para construir una correlación de fuerzas nacional e internacional que garantice la viabilidad del Estado argentino frente a la amenaza de los buitres.

* Ceipil-Unicen.