Las pequeñas y medianas empresas podrían quedar afuera de la reforma de la Ley de Abastecimiento, que busca defender a los usuarios de los abusos de posición dominante. Este es uno de los cambios que analizarán hoy los equipos técnicos de las secretarías de Justicia y Comercio, para luego ser presentados en la reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Senadores que se realizará mañana. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, ya había adelantado que en el espíritu de la ley las pymes quedaban afuera del nuevo marco regulatorio, al considerar que estas unidades productivas no tienen el poder económico suficiente como para interferir en la prestación de “necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”. Lo que resta definir es cómo quedará redactado dicho cambio. También habrá modificaciones en la determinación de las multas. En vez de fijar montos máximos y mínimos preestablecidos, las sanciones serán calculadas en base al volumen comercial de cada compañía.

Durante la última reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constituciones, Derechos y Garantías, Comercio e Industria, Presupuesto y Justicia, los funcionarios nacionales mostraron su voluntad de escuchar críticas puntuales a cada uno de los artículos del paquete de tres leyes enviadas por el Poder Ejecutivo. “Nos oponemos a la sanción de esta ley, creemos que no es necesaria”, manifestó Miguel Blanco, presidente del Coloquio de IDEA.

La oposición invitó al Senado a las cámaras sectoriales que integran el Foro de Convergencia Empresarial, incluido al presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, defensor de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Mañana será el turno de las asociaciones de consumidores, que tendrán la oportunidad de aportar posibles modificaciones a los textos originales. Hasta el momento, las sugerencias de cambios provinieron de las cámaras y entidades representantes de las medianas y pequeñas empresas.

“Consideramos que las pymes deben ser excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones por parte del Estado, ya que constituyen un mercado transparente. Sin embargo, en la Argentina hay muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las pymes y los consumidores”, sostuvo CAME durante su exposición en el Senado. Como el espíritu de la ley apunta a regular a las empresas que ejercen cierta posición dominante, el Ejecutivo ofrecerá una nueva redacción en su articulado para blindar aún más a las pymes.

La segunda modificación que ya reunió cierto consenso entre los funcionarios de Justicia y Comercio tiene que ver con el sistema de multas. “Se tendrá en cuenta la dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro”, indicaron a este diario desde el equipo técnico de Justicia y Comercio. El objetivo es equiparar este articulado de la ley al sistema de multas aplicado en Europa.

La senadora por el PRO Gabriela Michetti argumentó durante su exposición que durante el debate original de la Ley de Abastecimiento, en junio de 1974, las distintas bancadas de aquel entonces habían consensuado varios cambios al texto original. La senadora utilizó este ejemplo para “demostrar” que el objetivo del Frente para la Victoria era votar todo a libro cerrado. Durante todo el plenario, la senadora encontró los momentos para intercambiar opiniones y consejos con Miguel Blanco (IDEA), Jaime Campos (AEA) y Luis Miguel Etchevehere (SRA) con el objetivo de encontrar los mejores argumentos para oponerse a cualquier modificación a la ley de 1974 e incluso a la sanción de las otras dos leyes puestas a consideración. De hecho, cuando el secretario de Justicia estaba explicando por qué la actual Ley de Abastecimiento seguía vigente, la macrista tuvo un exceso de republicanismo al dirigirse hacia sus asesores con la siguiente frase: “Es un pelotudo”.

Desde el Gobierno sostienen que esta normativa morigera la añeja norma sancionada en 1974, la cual todavía está vigente. De hecho, los senadores la ratificaron cuando votaron el nuevo digesto jurídico, hace pocos meses. En relación con el digesto, otra de las modificaciones podría disponer que la autoridad de aplicación de la norma sea el Poder Ejecutivo (en su conjunto) y no Justicia o Comercio. Este cambio estaría en sintonía con las nuevas disposiciones del digesto jurídico.