Un plenario de comisiones del Senado retomará hoy las discusiones sobre la nueva Ley de Abastecimiento y la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, que apuntan a defender a los clientes de los abusos de las empresas. El Gobierno aceptaría que el Congreso introduzca cambios a los proyectos para excluir de su alcance a las pequeñas y medianas empresas. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, ya había adelantado que el espíritu de la ley es poner límites a las compañías que ejercen una posición dominante en el mercado, mientras que las pymes no tienen el poder económico suficiente para interferir en la prestación de “necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”. También se discutirían algunas modificaciones respecto de las multas que contempla el proyecto del oficialismo. En vez de fijar montos máximos y mínimos preestablecidos, las sanciones serían calculadas en base al volumen comercial de la firma en infracción.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos Humanos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán a partir de las 13 en el Salón Azul de la Cámara de Senadores para cerrar la ronda de consultas. Será el turno de las entidades de consumidores y usuarios, mientras que la semana pasada expusieron sus críticas las principales cámaras empresarias. El oficialismo se propone emitir dictamen al término de la jornada, lo que habilitará el tratamiento de los proyectos en el recinto la semana siguiente. La posibilidad de excluir a las pymes de las regulaciones y el cambio en el esquema de multas serían algunos de los puntos en los que se avanzaría en la reunión de este mediodía.

La iniciativa del Gobierno para defender a los consumidores continuó generando críticas de la oposición, por lo que funcionarios del equipo económico defendieron nuevamente la propuesta. “Cómo puede ser que haya inspiración en el chavismo en una ley que se aprobó en 1974. Lo que estamos haciendo es reformarla después de cuarenta años”, dijo ayer el secretario de Comercio, Augusto Costa. Aseguró que “la existencia de una ley en Venezuela que pueda tener algunos objetivos similares a la que se está discutiendo en el Congreso argentino de ninguna manera da lugar a suponer que las consecuencias de la situación en Venezuela se van a repetir acá. Sectores de la oposición hacen terrorismo y generan incertidumbre y desánimo en la población”.

Costa explicó que la falta de productos en las góndolas no tiene ninguna relación con un proyecto de ley. “Para que acá haya desabastecimiento o perjuicio para los consumidores, el Gobierno tendría que estar decidido a obligar a todas las empresas a producir a pérdida y a que haya distorsiones en el mercado y eso no es lo que se está planteando”, subrayó. Agregó que “la propuesta del oficialismo es que haya condiciones de igualdad entre los consumidores y las empresas. También una relación equitativa entre las pequeñas y las grandes compañías”.

Por su parte, Costa se reunió ayer con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y representantes de sectores productivos para analizar el paquete de leyes enviados al Congreso (observatorio de precios, fuero del consumidor y Ley de Abastecimiento). Empresarios de los rubros frutihortícola, lácteo, vitivinícola y yerbatero, entre otros, mostraron amplio consenso con las iniciativas del Gobierno. “Los productores están de acuerdo en establecer leyes que permitan controlar el abuso en la distribución de la cadena de valor, concientizando y educando al consumidor. Además, ratificaron su apoyo para impulsar la iniciativa legal que posibilite evitar la competencia desleal”, aseguró la Jefatura de Gabinete a través de un comunicado.