El Frente para la Victoria (FpV) consiguió la media sanción del proyecto que establece “el Pago Soberano de la deuda exterior”. El oficialismo obtuvo 39 votos afirmativos, junto a la ayuda de sus aliados, contra 27 votos negativos de la oposición (UCR, PRO, Unen, PJ disidente). El senador Aníbal Fernández introdujo en el debate las modificaciones al proyecto original, que incluyen la jurisdicción y legislación francesa como alternativa de pago a los bonistas que entraron al canje en 2005 y 2010 y la creación de una comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa. Desde el FpV indicaron a este diario que tales modificaciones fueron realizadas para convalidar algunos planteos de la oposición. “Toda la propuesta de Massa fue escrita por los fondos buitre. Eso (por la jurisdicción francesa) fue lo único que pudimos rescatar. Y la bicameral es por el pedido de (Adolfo) Rodríguez Saá y (Fernando) Pino Solanas”, explicó Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Solanas y Magdalena Odarda (Unen Río Negro) se abstuvieron.

El resto de los senadores de la oposición mantuvieron un férreo rechazo, aunque hubo algunos matices en función de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo. Si bien el radical Eugenio “Nito” Artaza votó en contra, cuestionó el fallo del juez Thomas Griesa y afirmó que lo que está en juego “es un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales”. Sus correligionarios obviaron los cuestionamientos hacia los fondos buitre.

“Francia tiene una normativa contra los fondos buitre, hay normativas puntuales que les impide su funcionamiento. Es decir, tienen prohibido cobrar más que la mayoría de los bonistas que accedieron a una reestructuración. Una persona como Roberto Lavagna se ha cansado de decir que hay que encontrar un lugar de pago para no sufrir embargos. La alternativa de Buenos Aires es una posibilidad”, manifestó Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del oficialismo, al cierre del debate, que duró casi doce horas.

La novedad de la jornada estuvo dada por la formalización de los cambios introducidos por el oficialismo, luego de la reunión que mantuvo la conducción del bloque con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el lunes por la tarde.

“Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje; quedando autorizada a tales fines, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales ubicados en la República Francesa en los términos y condiciones de la presente Ley”, puede leerse en la nueva redacción del artículo 7 del proyecto, que también ofrece la posibilidad de emitir nuevos títulos con la legislación y jurisdicción local.

Además del cambio en el agente fiduciario y la posible nueva emisión de títulos para cambiar la jurisdicción, la iniciativa prevé que se depositen “en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda”.

“El proyecto de ley no soluciona absolutamente nada, a lo sumo pretende buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podrían haberse creado otros mecanismos”, sostuvo la radical Laura Montero, quien agregó que “el gobierno nacional debería buscar los consensos suficientes, abrirle la puerta al Congreso, convocarnos para buscar una solución por las consecuencias que implicaría el default para el país”. Pero fue el Gobierno quien convocó al Congreso para buscar dicha solución. No por nada fueron incluidas dos modificaciones que surgieron de otras propuestas legislativas.

La senadora del PRO, Gabriela Michetti, esbozó una fórmula similar, incluso “mejoró” la propuesta que había esbozado su jefe político, Mauricio Macri. “El Congreso debería buscar un consenso político y sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia de Griesa después de enero”, argumentó la legisladora, antes de afirmar que “la excusa de la RUFO es una mentira”.

El sanjuanino Roberto Basualdo se presenta en el Senado como el primer peronista en dar el salto al massismo. Por eso, durante su intervención defendió el proyecto del Frente Renovador.

–Ahora que se incorporó la jurisdicción de Francia, como propone el FR, ¿acompañará la iniciativa? –le preguntó Página/12.

–No, porque así no sirve, hay que votar todo el proyecto junto. A los norteamericanos les gusta el tema de la seguridad jurídica. Por eso nosotros proponemos derogar las facultades delegadas, y crear un instituto de estadísticas creíbles. Además mantenemos el BoNY como sede de pago, ya que es por donde pasa el 70 por ciento de las reestructuraciones del mundo –respondió.

–¿Pero qué tienen que ver las facultades delegadas con la puja con los fondos buitre? –insistió este diario.

–¿¡Pero cómo que tiene que ver!? Acá se hizo todo mal y nosotros queremos dar seguridad. Los cambios no sirven para nada –agregó el sanjuanino.

“El proyecto del massismo fue redactado por los abogados de los fondos buitre, porque sigue manteniendo la jurisdicción de Nueva York y al banco de esa ciudad. Tiene inconsistencias internas, con artículos incompletos y referencias cruzadas imprecisas”, explicó a este diario Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén).

El radicalismo votó en contra. El correntino Eugenio Artaza había amagado con votar a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero luego “fue convencido” para acompañar al resto de su bloque. Sin embargo, en su discurso ofreció algunos matices que lo diferenciaron de sus correligionarios.

“Tenemos que dar una señal fuerte tanto al juez como a los fondos especulativos. La Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. ¡¿Qué nos viene a decir ahora que si dejamos en la cola a los buitre, como dicen, no habrá inversiones en el país!? Estamos hablando de un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales. No es posible que nos sigan exigiendo seguridad jurídica para estos fondos buitre”, manifestó Artaza, quien también sugirió que el Poder Ejecutivo debería solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la legalidad del fallo de Griesa.

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