La incorporación de la jurisdicción francesa como una alternativa para el canje voluntario de deuda, junto con la argentina, ofrece nuevos incentivos para ingresar en la operación por parte de tenedores de deuda reestructurada, cuyos servicios puedan verse obstaculizados por la Justicia neoyorquina. Con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de apoyo se incorporaron algunas de las propuestas del arco opositor y guiños políticos, como la creación de una comisión bicameral para el análisis y seguimiento de la deuda, con revisión de lo actuado desde 1976. La posibilidad de que Francia se sume como plaza financiera para la nueva emisión permitiría sortear algunas trabas institucionales de grandes fondos de inversión, ya que en muchos casos se ven impedidos por estatutos internos de adquirir deuda con ley de países emergentes. En el proyecto se deja en claro que la prórroga en la jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad de los activos argentinos en la ejecución de sentencias en el exterior.

En medio del litigio con un grupo de fondos buitre, el juez del distrito de Manhattan, Thomas Griesa, trabó el dinero que había depositado la Argentina para el pago de un vencimiento de deuda. De esta manera, los bonistas no pudieron acceder al cobro del servicio pese a que el país pagó en tiempo y forma. La orden de Griesa no sólo alcanzó a las series con legislación neoyorquina, sino también europea, situación que se vio favorecida por el acatamiento del agente de pago (Bank of New York). El objeto de este proyecto que se aprobó en el Senado (ver aparte) es agilizar el mecanismo de transferencia de los fondos a sus propietarios (tenedores de deuda argentina). El objetivo es asegurar la soberanía de las decisiones a la Argentina.

Los cambios se realizan con motivo de “la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los títulos reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina”, según señala el proyecto modificado entre el lunes y martes de esta semana. Las opciones del canje son bajo “condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal” bajo jurisdicción local y de la República Francesa. Según explicaron desde el equipo económico, estas propuestas permiten complementar el reemplazo del BoNY por Nación Fideicomiso como agente de pago a los bonistas reestructurados. Este punto del proyecto es independiente del canje, aunque el objetivo oficial es avanzar lo antes posible en un cambio de jurisdicción para evitar los tribunales de Griesa. La intención es que los cambios se aprueben antes del 30 de este mes, cuando el Gobierno pagará el servicio del bono PAR.

Si bien se aprueba una prórroga en favor de los tribunales franceses, la Argentina no renuncia a inmunidad respecto de la ejecución de sentencias sobre reservas del Banco Central, cuentas públicas, propiedades consulares o diplomáticas, bienes culturales y agencias oficiales, entre otras. También se incorporó, como señal política, la creación de una comisión Bicameral Permanente, que tendrá por misión investigar el origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda externa de la Nación desde el 24 de marzo 1976 en adelante. A los efectos prácticos, la iniciativa no tendrá impacto en el endeudamiento, dado que el financiamiento ilegal tomado durante la dictadura sufrió posteriores renegociaciones y refinanciaciones, canjes, megacanje y blindajes en gobiernos democráticos.