“Les planteamos a las empresas de medicina privada que no corresponde aplicar pagos adicionales a las cuotas de los afiliados, y que eviten situaciones que nos lleven a tomar medidas sancionatorias”, contó a Página/12 el secretario de Comercio, Augusto Costa. Las compañías, por su parte, informaron ayer que dieron marcha atrás con los copagos que, según habían anunciado días atrás, iban a comenzar a cobrar desde este lunes. Si de todas formas deciden continuar en ese plan, el Gobierno los va a multar, confirmó Costa. La tensión entre las empresas, el Estado y, en definitiva, los consumidores, se reedita, en un capítulo que parece ensayado, en la misma semana de la media sanción de la nueva ley de Abastecimiento, que levantó encendidas críticas en el sector patronal y en varios sectores de la oposición. Esa norma, a partir de la cual el Gobierno quiere regular más de cerca a las empresas, es tildada de “intervencionista”. El mismo rótulo le recayó a la ley de Medicina Privada, sancionada en 2011, que sustenta el freno actual al copago.

–Las empresas habían decidido la aplicación del copago porque los aumentos de las cuotas autorizados por el Gobierno no les resultaron suficientes. ¿Considera que el diagnóstico del sector privado es atendible? –preguntó este diario a Augusto Costa.

–El Gobierno autorizó a las empresas una suba de 5,5 por ciento en las cuotas en marzo y otro 9 por ciento en julio. La Superintendencia de Seguros de la Nación mantuvo recientemente una negociación y decidió aplicar otro aumento de 7,5 por ciento en octubre, pero las empresas creían que iban a obtener un 9 por ciento en septiembre. El principal componente de la estructura de costos es el aumento salarial que se decide en las paritarias del gremio de Sanidad. Más allá de situaciones puntuales que el Estado está dispuesto a atender si es que alguna empresa presenta inconvenientes, el sector no tiene problemas de rentabilidad y no le fue mal en el último tiempo, más bien lo contrario. Un aumento como el que solicitaban constituía un impacto inaceptable en el bolsillo de los afiliados, además de transmitir una señal de preocupación e incertidumbre.

–¿Considera que la jugada de las empresas fue de tipo extorsiva?

–El aumento autorizado por el Gobierno fue de 7,5 por ciento en octubre. Al enterarse, los sanatorios claramente amenazaron con el copago como presión negociadora para conseguir un nuevo aumento en diciembre. No pueden unilateralmente aplicar aumentos porque no les gustó lo que se les autorizó. Según la ley, la aplicación del copago no corresponde si el contrato con la prepaga indica que no va a haber un pago adicional.

–¿Cuál fue el objetivo de la reunión que mantuvo el jueves con OSDE, Medife, Medicus, Swiss Medical, Galeno, Faosdir, Admip, Omint y Acami?

–Convoqué a los representantes de las principales empresas de medicina prepaga para establecer un mecanismo de diálogo y para elaborar un diagnóstico de la situación. El sector presenta una serie de particularidades. Una de ellas es que es muy heterogéneo. Algunas empresas son financiadoras, tienen clínicas y también son prestadores, otros son sólo financiadoras. Hay firmas que tienen afiliados que en su mayoría vienen del sistema de seguridad social, otras que trabajan con sectores de muy altos ingresos. Vamos a utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado para evaluar las mejores alternativas, sin perjudicar a los afiliados. Seguimos trabajando para ver si alguna clínica o prestador necesitan financiamiento u otras herramientas de apoyo, como el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo.

–Las empresas informaron hoy (por ayer) que dan marcha atrás con el copago. ¿Cuál fue el rol de la secretaría en esa decisión?

–Les dijimos que de ninguna manera nosotros vamos a sentarnos con el sector de las prepagas y con los prestadores (clínicas y sanatorios) bajo esta situación de amenaza. Así no dialogamos, es una premisa que también usamos en otros sectores de la economía. En cambio, les planteamos que íbamos a conversar en la medida en que comunicaran a la sociedad que no se iban a aplicar los copagos. Sólo una vez que eso estuviera claro. En ese contexto, la decisión de las empresas de informar la marcha atrás en el cobro de adicionales me parece la mejor, porque nos permite a partir de ahora sentarnos a ver las necesidades del sector, protegiendo los intereses de los afiliados. La semana que viene vamos a convocar a las empresas de los distintos segmentos del sector para tener una reunión de trabajo.

–Si desde el lunes alguna empresa aplicara el copago, ¿cuál será la respuesta de la secretaría?

–Si encontramos una situación en donde las empresas aplican pagos adicionales a los afiliados, vamos a utilizar las herramientas disponibles para multar a prestadores o a las firmas de medicina prepaga que lo hagan, y de esa manera vamos a evitar ese abuso.