El Gobierno analiza el pedido de ayuda de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) para levantar el cuadro de cesación de pagos en que cayó la empresa. La ministra de Industria, Débora Giorgi, confirmó ayer que se vienen realizando gestiones en ese sentido desde hace semanas. “Tuvimos algunas reuniones junto al ministro Axel Kicillof con Enrique Pescarmona, dueño de Impsa. Estamos trabajando para evaluar las distintas opciones, siempre que se preserven los intereses del Estado”, indicó la funcionaria. Una de esas posibilidades consiste en que el Estado haga un aporte de capital a cambio de acciones, pero tampoco se descarta que otra empresa privada ingrese en la negociación. Las causas del default de Impsa radican en la demora de los gobiernos de Venezuela y Brasil para cancelar contratos de trabajos realizados por la compañía. Giorgi descartó que los problemas particulares de la compañía se vinculen con el litigio del Gobierno con los fondos buitre.

Impsa es la empresa argentina más importante en energías renovables. En su fábrica de Mendoza produce turbinas hidroeléctricas y molinos para la generación de energía eólica. La empresa envió anteayer una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar que no podría hacer frente a un pago de intereses por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. Son obligaciones negociables clase X y XI.

Ayer Giorgi planteó que “la empresa tiene problemas hace dos años, registra dificultades financieras por falta de cobro en Brasil y en Venezuela. Vamos a estar ayudando para mantener sus 1700 puestos de trabajo y su capacidad productiva”. Aclaró, además, que “el Grupo Pescarmona ha tenido problemas con anterioridad de la jugarreta del juez Griesa”, desligando el default de Impsa de los vaivenes en la pelea con los fondos buitre.

Fuentes de la empresa reconocieron que el ingreso del Estado en el paquete accionario es una posibilidad, pero tampoco descartaron que lo haga otra firma del sector privado. Se están llevando a cabo negociaciones y nadie quiere pisar el palito y cerrar puertas de antemano. El factor más sensible que explica el desajuste financiero de la empresa es la falta de cobro por los proyectos que Impsa realizó en Venezuela, con la represa de Tocoma, y en Brasil, con el parque eólico de Santa Catarina.

Tocoma es una represa vendida bajo la modalidad “llave en mano”, que cuenta con diez turbinas generadores Kaplan de 230 megavatios cada una, un total de 2300 megavatios. Es más grande que el proyecto hidroeléctrico que se va a llevar a cabo en Santa Cruz, por ejemplo, que va a aportar al país 1740 megavatios. Venezuela, con graves problemas económicos, dejó de pagar por la obra. Algo relativamente similar ocurrió en Brasil, en donde la empresa Electrobras dejó de pagar la energía del parque eólico durante dos años. En 2013, Pescarmona ganó el juicio y volvió a recibir el dinero, pero en el medio la empresa cubrió el bache con endeudamiento “que dejó secuelas”. En la firma no vinculan la cesación de pagos con la decisión de Griesa de bloquear pagos a los bonistas del país, pero advierten que la dificultad en el acceso al financiamiento en general complicó el panorama.