Funcionarios del Ejecutivo nacional y gobernadores de provincias productoras de petróleo defendieron en el Senado el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos y polemizaron con legisladores de la oposición en la primera jornada de debate de la iniciativa. El plenario de tres comisiones continuará hoy tras el cuarto intermedio resuelto ayer. El oficialismo confía en que el proyecto sea tratado en el recinto el 8 de octubre.

Por el gobierno nacional, expusieron el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Al exponer ante el plenario en el salón Azul del Senado, De Vido explicó que la iniciativa propone dividir las concesiones según el tipo de explotación: “convencional”, con un plazo de 25 años de contrato; “no convencional” con un plazo de 35 años y “costa afuera” con un plazo de 30 años. Adelantó que “el concesionario mantiene la posibilidad de solicitar la prórroga de 10 años, pero incorpora como exigencia demostrar haber cumplido con las obligaciones, estar produciendo y presentar un plan de inversiones futuro”. Entre los beneficios para las provincias, mencionó que se incrementan los valores del canon de exploración en 188 por ciento para el primer período del plazo básico y 474 por ciento para el segundo período.

A su turno, Carlos Zannini destacó que la iniciativa se haya alcanzado “mediante el acuerdo” con los gobernadores de las provincias petroleras que conforman la Ofephi, ya que de ese modo se logró un “régimen lo más uniforme posible en materia de medio ambiente y en materia fiscal”. El responsable del área de Legal y Técnica de la Presidencia también aclaró que los estados provinciales seguirán siendo las autoridades de aplicación para las prórrogas de permisos de exploración y expresó su seguridad de que este modelo de contratos de concesión “permitirá acelerar las inversiones” para alcanzar en un menor plazo el autoabastecimiento en hidrocarburos.

Varios gobernadores hicieron conocer, ante el plenario de comisiones, la conformidad de las provincias petroleras con el acuerdo alcanzado. El gobernador de Chubut y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Martín Buzzi, dijo que “este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que cada provincia ya venía haciendo a partir de la existencia de la denominada ley corta”, que les reconocía a las provincia el dominio de las áreas. Por su parte, el neuquino Jorge Sapag refirió que la legislación que “el Senado votará la semana próxima será una bisagra en la historia de la República”, un paso necesario, ya que Argentina “necesita atraer 100.000 millones de dólares durante los próximos diez años para explotar los recursos no convencionales”.

Desde la oposición, el senador Gerardo Morales planteó la necesidad de discutir la coparticipación federal al argumentar que “la renta por hidrocarburos deja afuera a varias provincias argentinas” que no cuentan con recursos petroleros en su subsuelo. Pero los momentos de mayor tensión fueron los cruces protagonizados por Zannini y el senador también radical Ernesto Sanz, y luego entre la senadora radical mendocina Laura Montero y el gobernador de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez.

En la primera confrontación, Sanz marcó que si bien la nueva legislación no afecta la llamada “ley corta”, “hay legislaciones provinciales que entran en colisión con esta ley”. Zannini le reprochó que desde 1967, cuando se sancionó la Ley de Hidrocarburos todavía vigente, los radicales pasaron por el gobierno y sin embargo “no modificaron nada”. En el otro cruce, Montero reprochó que el proyecto consiguió el apoyo de los gobernadores a cambio de la renegociación de las deudas provinciales con el Estado nacional, y advirtió que la nueva ley deja abierta la puerta para “el negocio inmobiliario” que se “viene detrás de las concesiones petroleras”, asegurando que así ocurrió en Mendoza. El gobernador Pérez le recordó que los contratos de concesión petroleros en Mendoza se firmaron “entre 2005 y 2007”, cuando Laura Montero era ministra del gobierno de Julio Cobos. Al debate se sumó el gobernador Jorge Sapag, quien aseguró que el acuerdo no se debió “a un toma y daca”, sino que fue producto de “cinco meses de discusiones”. “En todas las discusiones hay estrategias de negociación”, planteó el neuquino, “quizá los gobernadores hubiéramos querido más regalías o más bonos y seguramente (el gobierno de la) Nación también habría querido más artículos” referidos a la cuestión ambiental, pero el proyecto consensuado, afirmó, “es lo mejor a lo que se pudo arribar”.

Al reanudarse la reunión del plenario de comisiones, a partir de las 11 y antes de las intervenciones de Galuccio y Matranga, expondrán sus puntos de vista tres ex funcionarios radicales: Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Gustavo Calleja, propuestos por la oposición.