La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió ayer preventivamente a la financiera Mariva Bursátil SA, como anticipó Página/12 en su edición de ayer, por no brindar la información exigida en relación con las operaciones con bonos que permiten hacer la maniobra de contado con liquidación. Es la primera sanción después de las acusaciones de la presidenta Cristina Fernández hacia parte del sistema financiero, incluyendo entidades como Balanz Capital, el Banco Macro y el Patagonia.

El Gobierno intensificó la regulación sobre las 80 entidades financieras reguladas por la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Mercado de Capitales y la CNV. También investiga el dinero que nutre a las cuevas que operan en la city porteña y en otras ciudades del país. Asume, en esos dos intentos, que no se trata de mundos estancos sino de un universo conectado. Por eso las instituciones regulatorias del mercado financiero trabajan en paralelo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF). La información recabada anteayer en Mariva y en Balanz Capital –en esta última no se encontraron irregularidades que ameriten la suspensión– se remitió a la UIF para que analice posibles vínculos con acciones de lavado de dinero.

El disparador de la investigación sobre el Mariva fue su peso en la comercialización de bonos que permiten realizar el contado con liquidación. Esa maniobra consiste en la compra en el mercado local de acciones o bonos nominados en pesos que también cotizan en el exterior. Luego se transfieren esos títulos a una cuenta afuera del país, se venden los papeles y así el “inversor” se hace de los dólares. Mariva movilizó en el año 11.782 millones de dólares con el contado con liquidación, casi la mitad del total de divisas operadas a través de ese mecanismo.

Durante la jornada del miércoles, la CNV realizó inspecciones en la sociedad de Bolsa Mariva y Balanz Capital. El día anterior, CFK había atribuido a esas empresas, entre otras, la puesta en marcha de lo que considera una estrategia empresaria para boicotear al Gobierno.

El operativo fue realizado en forma conjunta por funcionarios de la Gerencia de Inspecciones e Investigaciones, la de Agentes y Mercados y la de Prevención del Lavado de Dinero de la CNV. Según pudo averiguar este diario, los inspectores de la entidad regulatoria solicitaron a los apoderados de Mariva el listado de cuentas corrientes de títulos, pesos y otras monedas de las cuentas comitentes correspondientes a Mariva Bursátil SA y First Overseas Bank Limited desde el 1o de septiembre pasado hasta la fecha. La segunda de estas firmas tiene sede en el paraíso fiscal de las islas Bahamas y operó con Mariva transferencias de dinero por parte del Grupo Clarín que son investigadas por el fiscal Miguel Osorio por presuntas maniobras ilícitas. La Justicia analiza el giro de más de 3 millones de pesos el 23 de octubre de 2008 desde una cuenta del Banco Mariva propiedad de una sociedad controlada por Clarín hacia las islas Bahamas, un día después de que fuera radicada por parte del Gobierno la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, y ante el inminente anuncio de estatización de los fondos previsionales.

Ante la solicitud de ayer de la CNV, la empresa entregó un documento denominado “Ficha de Cliente”, donde aparecen los movimientos de las cuentas corrientes de títulos y monedas ordenados cronológicamente, pero no figuran saldos iniciales ni finales para cada especie. Ante ello, los funcionarios solicitaron un listado por cada especie de bono, pero en el Mariva adujeron “dificultades técnicas para imprimir dicho listado”, de modo que finalmente esa información no fue suministrada. La CNV concluyó que “se ha verificado que Mariva Bursátil SA no ha cumplido en forma íntegra con la exhibición de la información requerida por este organismo”.

La omisión en la entrega de la información impide a la CNV corroborar si Mariva violó o no la regulación más importante que rige al contado con liquidación, aquella que exige que los agentes operadores no se desprendan de los títulos comprados en pesos antes de las setenta y dos horas hábiles. Para concretar la suspensión a la sociedad Mariva, el Gobierno apeló al artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, que indica que “los agentes deberán observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que establezca la CNV, debiendo abstenerse de funcionar como tales cuando incurran en cualquier incumplimiento”. La suspensión preventiva, según la ley, rige “hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida”.

Otro aspecto saliente de la historia de esta empresa es que el principal accionista del Banco Mariva es José Luis Pardo, íntimo amigo del ex presidente provisional Eduardo Duhalde. Ambos comparten negocios e incluso momentos de esparcimiento, como ir a la cancha a ver a Banfield o las vacaciones con sus respectivas parejas.