“Yo creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes.”
Thomas Jefferson
“Permítanme emitir y controlar la moneda de una nación y no me ocuparé por quién haga las leyes.”
Meyer A. Rothschild

El 7 de febrero de 1933 la Argentina firmó con Inglaterra lo que se dio en llamar el Pacto Roca-Runciman, que para muchos políticos de entonces, entre ellos el senador Lisandro de la Torre, y para gran parte de la historiografía argentina, constituyó una de las negociaciones más vergonzosas de nuestra historia. Los términos de aquel arreglo depararon, sin embargo, una sorpresa más: una cláusula secreta que se conoció tiempo después y que hoy cobra una sugerente actualidad: la creación en la Argentina de un Banco Central mixto, donde se le otorgó a la banca privada de capital predominantemente británico el control financiero del país.

¿Cómo se llegó a esta situación? Luego de la crisis económica mundial de 1930 los mercados internacionales se cerraron sobre sí mismos, apelaron a un fuerte proteccionismo y los exportadores agropecuarios temblaron ante la posibilidad de verse en quebranto. El gobierno del entonces presidente Agustín P. Justo estaba decidido a conceder al Imperio Británico grandes ventajas comerciales, financieras y legales a cambio de poder lograr un estatus similar al de las colonias británicas sobre las que el viejo imperio no puso restricciones. Eran los tiempos de la llamada “Década Infame”, caracterizada por altos niveles de corrupción, fraude electoral y represión. Luego de largas décadas de prosperidad, el modelo agroexportador se vio amenazado y llegar a un acuerdo con Gran Bretaña se tornó desesperantemente necesario. Las exigencias inglesas para comprar carne argentina abarcaban temas tan diversos como: monopolio del transporte público, monopolio de los frigoríficos y privilegios financieros.

Entonces ocurrió que el gobierno argentino le encargó a Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, el proyecto de creación del Banco Central de la República Argentina, incluida su Carta Orgánica. El 31 de mayo de 1933 se aprobó la ley que puso al banco en funciones. De un plumazo quedó sin efecto la Caja de Conversión, herramienta institucional que regía las finanzas argentinas desde 1890. A partir de entonces, el Banco Nación quedó subordinado.

El Banco Central así creado le impuso al Estado obligaciones –debía poner la mitad de los capitales– pero pocos derechos: no tenía poder de decisión –sólo cinco directores entre doce– ni la capacidad de tomar préstamos para el gobierno nacional, provincial o municipal. En suma, protegía los intereses privados para que el Estado no los perjudicara, y a la vez favorecía el endeudamiento externo del país. Su primer director general fue Raúl Prebisch, quien guió la institución hasta 1943.

En marzo de 1947, durante el primer gobierno peronista, se operó un gran golpe de timón: por ley 12.962 se nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. Esta medida implicó un cambio profundo respecto del rol del BCRA en los lineamientos económicos generales y por ello la idea de autonomía y control privado fue abandonada.

Los planes y las ideas económicas del gobierno que asumió en 1946 no eran compatibles con las pautas liberales con las que el banco había sido fundado. Para satisfacer las necesidades del comercio externo e interno se propuso organizar un mecanismo de crédito que permitió al gobierno contar con medios de financiación que no estuvieran supeditados a intereses de bancos particulares ni a empresas extranjeras. Se dispuso la nacionalización de los depósitos bancarios que, en lo sucesivo, fueron recibidos por el Banco Central, por cuenta de la Nación. Los bancos no podían disponer libremente de los depósitos que recibían y para usarlos necesitaban la autorización del Banco Central.

No es difícil imaginar la reacción de la oposición política y económica a estas medidas, no faltó el epíteto “¡dictadura!”. Sin embargo, esta política fue votada por el Congreso y refrendada en la reforma constitucional de 1949 en su artículo 39º.

En septiembre de 1955 el golpe militar que destituyó a Perón tomó drásticas y predecibles medidas económicas.

Resulta fuertemente simbólico el regreso de Raúl Prebisch al poder. En efecto, en 1956, mientras se fusilaba a los militares nacionalistas fieles al gobierno constitucional y se perseguía y reprimía a los trabajadores, Argentina entró en el Fondo Monetario Internacional; se suprimió el control nacional del Banco Central y se lo sometió a las normas del Banco de Inversiones de Basilea, cuya sede está ubicada en la ciudad suiza del mismo nombre, y funciona como un banco central de bancos centrales.

Al grito de “¡autonomía!”, se proclamó la independencia del banco respecto del Poder Ejecutivo, del poder político, pero se lo puso bajo la supervisión y normativa de un banco privado supranacional, propiedad de los bancos de los países industrializados. Por ese entonces aparece la amarga queja de Arturo Jauretche en forma de libro: El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje.

La historia argentina ha tenido un fuerte tono pendular entre políticas económicas de indisimulada tendencia elitista y tiempos históricos de gobiernos populares, donde el Estado ejerce su soberanía.

El regreso a la política de endeudamiento externo tuvo un clímax durante la última dictadura militar. Pero el ejemplo más bizarro y símbolo máximo de la inequidad y arbitrariedad con que puede utilizarse una institución es el paso de Domingo Cavallo como presidente del BCRA en 1982. Mediante un seguro de cambio, les garantizó a grandes empresas privadas la nacionalización de la deuda que habían contraído en el exterior –algunas incluso con sus propias casas matrices–, generando un crecimiento exorbitante de la deuda pública. Ese intervencionismo estatal no molestó a los antiestatistas.

El Banco Central no es un templo sagrado con sacerdotes que lo vigilan. Es una institución, una herramienta, que estuvo desde su nacimiento al servicio de distintos proyectos. Parece seguir vigente la alternativa que planteó en su momento Juan Domingo Perón: “La economía y el libre mercado son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”.