El Juez Gerardo Santicchia, titular del Juzgado Número 19, a cargo de la quiebra de la imprenta Donnelley Argentina, concedió la locación de la planta a la cooperativa de trabajadores MadyGraf. La AFIP había solicitado que se levantara la quiebra por considerarla “fraudulenta” y que se decretara la continuidad de la explotación. La salida intempestiva de los dueños de esta compañía podría vincularse con el accionar de los fondos buitre y la puja con el gobierno nacional. Uno de los accionistas dueños de la imprenta era el fondo Blackrock, que había adquirido su participación accionaria de otro fondo buitre, NML Capital, de Paul Singer.

El Gobierno denunció que la quiebra solicitada por los dueños de Donnelley podría enmarcarse en un “fraude”. Uno de los argumentos vinculados con esta tesis es que el propio balance de la compañía indica que la liquidez al 31 de diciembre de 2013 era casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior. A su vez, el activo era mayor al pasivo, es decir que tenía un patrimonio neto positivo de 40 millones de dólares.

La AFIP denunció que a través de un complejo entramado de intereses societarios, la repentina quiebra “busca presionar al país para acordar con los fondos buitre”. Entre sus accionistas hubo dinero de Paul Singer. Además, en la composición accionaria de RR Donnelley & Sons Company figuran los fondos de inversión Blackrock Inc., Capital World Investors, The Vanguard Group Inc. y State Street Corporation. Estos grupos inversores son socios del conocido fondo de inversión Elliot, propiedad de Singer, quien había transferido su participación en Donnelley (un 7 por ciento) a Blackrock, que cuenta con un 8,4 por ciento actualmente.

Con la decisión judicial del juez Santicchia, los trabajadores deberán abonar un canon por dicha locación, como también “cumplir con todos los requisitos ineludibles propios de la explotación”.