El Citibank le solicitó al juez Thomas Griesa que lo habilite a canalizar el próximo vencimiento de intereses de la deuda externa. Se trata de pagos por aproximadamente 200 millones de dólares correspondientes a los bonos Descuento emitidos con ley argentina en manos de acreedores fuera del país, que debe cancelar el 31 de diciembre. La sucursal argentina del holding estadounidense ya fue autorizada en dos oportunidades por el errático magistrado a cursar los fondos pagados por el Ministerio de Economía. En ambas ocasiones, Griesa otorgó un permiso “por única vez” al bloqueo impuesto sobre la cadena de pagos. El Citi argumenta que las órdenes de Griesa son imposibles de cumplir, algo que reconoció el propio juez. No obstante, hasta ahora no tomó una determinación definitiva. El banco propuso a la Corte que convoque a una audiencia el 17 de noviembre para tomar una decisión.

“Durante los últimos dos trimestres, esta Corte permitió al Citibank Argentina realizar pagos por única vez a sus clientes tenedores de bonos con ley argentina, pero en cada instancia eso sucedió luego de que la sucursal y sus empleados estuvieran peligrosamente cerca de un daño extremo”, advirtió la abogada del banco, Karen Warner, en una breve pero contundente misiva enviada el viernes pasado al juez. El banco argentino de capitales estadounidenses pretende evitar la pantomima de audiencias y presentaciones reiterada en julio y septiembre.

“Los demandantes deberían tener la carga de demostrar que tienen el derecho a una medida cautelar, algo que no podrán hacer ya que los bonos con ley argentina no constituyen deuda externa y no están sujetos a la obligación pari passu”, explicó la letrada del Citi al recordarle al juez que él mismo coincidió con la posición de la entidad el mes pasado. Ese fue el primer encuentro en los tribunales de Nueva York donde Griesa frenó las pretensiones de los representantes de los fondos buitre NML Capital, Blue Angel y Aurelius. Además, el estudio de abogados del holding financiero le repitió al juez que sus órdenes constituyen un abuso de jurisdicción, ya que la sucursal del Citi está “localizada en y sujeta a las leyes de Argentina”.

Las órdenes emitidas por Griesa para forzar la ejecución de su sentencia a favor de los fondos buitre bloquearon el pago de todos los bonos, incluso la parte de los títulos con legislación argentina en moneda extranjera a cargo del Citi. Ante un tardío reclamo del holding financiero, el juez decidió autorizarlo a fines de julio “por única vez” a transferir los fondos depositados por el país el 26 de junio. A fines de septiembre, Griesa habilitó al banco por “segunda única vez”.

En ese momento, el juez reconoció la validez de los argumentos del Citi y la Argentina, pero no se animó a tomar una decisión definitiva, sino que postergó ese dictamen hasta una próxima audiencia. Durante ese plazo, las partes deberían seguir discutiendo y los buitres lograron la posibilidad de solicitar información a diferentes entidades financieras con el objetivo de demostrar la validez de su reclamo. “Los demandantes han realizado citaciones testimoniales y pedidos de documentación en por lo menos 13 entidades financieras, en Argentina y sus abogados. Desde nuestro punto de vista, ninguno de esos pedidos de discovery son relevantes. Pero queremos notar que los demandantes no necesitarían ningún pedido de información si su reclamo fuera correcto y las órdenes fueran aplicables a los bonos emitidos con ley argentina”, consideró la representante legal del holding financiero.

Los bonos a cargo del Citi representan una pequeña porción de la deuda a cancelar por el país. El resto de los pagos permanece bloqueado por las órdenes del juez. A fines de septiembre, el Ministerio de Economía comenzó a utilizar las herramientas creadas por la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa. Por eso, el último pago de intereses de los bonos Par se depositó en las cuentas de Nación Fideicomisos. El depósito fue hecho a nombre de los acreedores. Sin embargo, hasta ahora los inversores propietarios de esos fondos no accionaron para hacerse de esos pagos, aunque tampoco le reclamaron al país.