El proyecto de ley Argentina Digital anunciado ayer por el gobierno nacional tendrá un fuerte impacto en el mercado de la comunicación audiovisual, ya que, entre otras cosas, permitirá la denominada “convergencia” o “triple play”. Esto implica que una misma empresa puede prestar el servicio de telefonía, Internet y televisión por cable. La iniciativa no deroga ni modifica ningún artículo de la ley de medios, sino que establece una “excepción” a la prohibición de prestar servicios de comunicación audiovisual que tenían los prestadores de servicios públicos. De esta manera, la empresa Telefónica podría continuar como dueña de Telefe; así como otros actores de las telecomunicaciones podrían participar en el terreno audiovisual y viceversa. Si bien la Afsca no definió aún el plan de adecuación de Telefónica, de aprobarse la norma en el Congreso esa discusión quedaría resuelta. Por otro lado, el Grupo Clarín, uno de los principales proveedores de cable del país, pasaría a tener que competir con nuevos actores. Además, el proyecto establece que las redes de telecomunicaciones podrán ser utilizadas por cualquier licenciatario a un precio fijado por el Estado, permitiendo a pequeños prestadores participar en mejores condiciones.

El debate sobre la convergencia ya se había dado durante el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), en 2009. El proyecto original del oficialismo permitía el ingreso de las telefónicas, lo cual fue modificado por pedido de la oposición, en particular del actual senador Fernando “Pino” Solanas. Con el nuevo proyecto, que declara de interés público el desa-rrollo y la regulación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se vuelve a introducir esta cuestión en el Congreso. Las TIC implican un concepto más amplio que el de la comunicación audiovisual, ya que involucran “los servicios de transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento y almacenamiento de dicha información”.

La Afsca, que preside Martín Sabbatella, venía trabajando junto a la Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Economía en la redacción del proyecto, en lo que respecta a la tarea del organismo. El artículo 9 de la nueva ley establece que “quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) del artículo 25 de la ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de la aplicación de la ley”. Eso impacta en dos situaciones concretas que la Afsca tiene aún en estudio. La de Telefónica, que se vería beneficiada al poder mantener Telefe, y la del fondo Fintech, que posee el 40 por ciento de Cablevisión y había manifestado su intención de adquirir Telecom. Este último caso está ahora en el marco de la adecuación de oficio que se le aplica al Grupo Clarín.

Los otros planes de adecuación que la Afsca aún no resolvió (Prisa y Moneta) no verían modificada su situación. Habrá que esperar lo que suceda con la ley, que ya fue enviada en el Congreso, para saber cómo sigue la marcha de los planes de adecuación en la autoridad de aplicación.

“Telefónica resuelve la incompatibilidad por servicio público saliendo por arriba del laberinto del conflicto con Telefe”, explicaron a Página/12 fuentes del gobierno nacional. Pero si bien esta situación quedaría saldada, se mantendrán las otras limitaciones fijadas en la LdSCA. Es decir que Telefónica no podrá prestar servicios de cable en Capital Federal, porque ya posee allí un canal de aire, Telefe. Además, no podrá superar el 35 por ciento de la cuota de mercado y, si bien tiene una red extendida en todo el país, sólo podrá obtener 24 licencias de TV por cable para brindar el servicio en 24 ciudades. Por otro lado, Telefónica, así como las otras compañías que posean una red de telecomunicaciones, estará obligada a permitir el acceso de otros licenciatarios bajo un precio fijado por el Estado.

El director de la Afsca por la oposición, Gerardo Milman, sostuvo que la iniciativa oficial “deroga el inciso de la ley de medios que establecía que las empresas de servicios públicos no pueden ser titulares de empresas que regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. En verdad, no se deroga ningún inciso y la excepción establecida no rige para todas las empresas de servicios públicos, sino sólo para aquellas que tengan licencias de telecomunicaciones.

Según Milman, la Afsca “hizo un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la ley de medios esperando modificar la normativa y eso es lo que ocurre ahora”. De todas maneras, el ex legislador reconoció “la necesidad de que la legislación argentina se adecue a la convergencia tecnológica y digital como en el resto del mundo”. Incluso calificó el tema como un “avance ine-xorable” porque había “un retraso” en la materia.