ECONOMíA › EL GOBIERNO APELó LA DECISIóN DEL JUEZ ANTE LA CáMARA DE NUEVA YORK
Los representantes legales del país en Estados Unidos se presentaron ante el juzgado de segunda instancia para rechazar la disposición del magistrado. Kicillof y Capitanich volvieron a negar que se proyecte un pago a los buitres en enero.
El Gobierno apeló ayer en Nueva York la declaración de “desacato” firmada por el juez Thomas Griesa a fines de septiembre. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, a través del abogado representante del país en los tribunales estadounidenses, Carmine Boccu-zzi. La presentación apuntó a que se “reviertan enteramente” las acciones del juez neoyorquino, quien interpretó que la Argentina había tomado medidas “ilegales” para evadir la sentencia a favor de los fondos buitre. A su vez, el ministro de Economía, Axel Kicillof, calificó de “verso” a algunas “operaciones de medios de comunicación” que buscaron hacer creer que el Gobierno prepara medidas para realizar un pago a los holdouts a partir de enero. “Hay miles de millones de dólares en juego de los sectores especuladores más concentrados y más dañinos que uno puede imaginar”, aseguró.
En los últimos días circularon rumores en la prensa local acerca de que el equipo económico tenía un plan para desembolsar fondos a los buitres a partir de 2015, tras el vencimiento de la cláusula RUFO. “Uno se imagina que hay plata ahí (en el negocio financiero y de los medios de comunicación), que hay intereses que ganan o pierden con los movimientos en los títulos, y entonces el diario Clarín, repitiéndolo después La Nación, le hacen el caldo gordo a los especuladores”, aseguró Kicillof. Agregó que “la prensa opositora y desinformadora se tomó de una frase (de un reciente reportaje al ministro por parte del diario mexicano La Jornada) para seguir alimentando una operación. Puro invento, con tal de generar algún efecto”, evaluó el funcionario. De este modo, cerró la discusión respecto de que el Gobierno avanza en una estrategia para pagarles a los fondos buitre en mejores condiciones que al resto de los bonistas que aceptaron los canjes de deuda soberana en 2005 y 2010.
“Han inventado un terreno para tratar de generar, como siempre, desinformación, confusión, y en este caso es bastante alevoso. Por ejemplo, le atribuyeron al presidente del Banco Central una presunta frase donde teóricamente dijo que en enero había un arreglo, y ahora a esto le agregaron un nuevo componente, que yo estaba haciendo en mi ministerio una ley, y que ya había hablado con el Congreso para pagarles a los fondos buitre”, mencionó Kicillof. Indicó que estas versiones buscan “generar ruido permanente” con el objetivo de favorecer intereses contrarios al país, tratando de sacar ventaja a través de la incertidumbre y la especulación.
Más allá de esta cuestión, el Gobierno apeló en los tribunales de Nueva York la decisión de Griesa de declarar a la Argentina “en desacato” por no aceptar un fallo que obligaría al país a pagar 1330 millones de dólares a un grupo de fondos buitre. El magistrado tomó esa medida a fines de septiembre, accediendo a un pedido de bonistas que no ingresaron a los canjes voluntarios de deuda soberana. “La decisión del juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la Argentina es violatoria del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, afirmó en su momento la Cancillería frente a la declaración. Agregó que la medida no tiene “efectos prácticos” para el país.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, apuntó ayer en la misma dirección que el ministro de Economía para criticar los rumores de la prensa en relación con un supuesto acuerdo para pagarle a los holdouts. “El Gobierno no ha variado en absoluto la posición respecto del litigio con los denominados fondos buitre por la deuda soberana”, señaló. Precisó que “la idea sigue siendo la de negociar con el ciento por ciento de los bonistas, pero obviamente en el marco de la ley del pago soberano y en defensa de los intereses del país. Estamos siempre dispuestos al diálogo, mientras que sea en condiciones de negociación justas, razonables, legales y equitativas para todos los tenedores de deuda soberana”, completó.
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