Las asociaciones de consumidores y la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) expusieron ayer en el Senado sobre el proyecto de ley Argentina Digital. Los cooperativistas destacaron el nuevo marco regulatorio pero reclamaron que haya una mayor protección hacia su sector. Este fue uno de los ejes de la primera reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, en la que el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, aceptó que podrían realizarse modificaciones para proteger a las pymes y cooperativas. La Unión de Consumidores de la Argentina y Consumidores Libres presentaron, por su parte, reparos al ingreso de Telefónica en el mercado audiovisual y cuestionaron que la telefonía fija deje de ser definida como servicio público. Para estos sectores, el cambio implicará la potestad de las empresas de autorregular su política tarifaria.

En su exposición ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el sector cooperativista se mostró a favor del cambio normativo. Reconoció el hecho de que las telefónicas como también los cableoperadores deban abrir sus redes, pero solicitaron que en la redacción del proyecto quede explicado de manera más explícita la defensa hacia ese sector. “Hay que tener especial consideración de las redes constituidas con el esfuerzo de los asociados que fueron pioneros del servicio universal”, indicó Rafael Sánchez, titular de Fecotel.

Por su parte, Guillermo Defays, del Sindicato de Trabajadores de TICs, le solicitó al oficialismo que determine quién será la autoridad de aplicación. El proyecto establece que será el Poder Ejecutivo quien determine dicha autoridad. Si bien esta formulación sigue el criterio fijado en el digesto jurídico, el nuevo marco regulatorio hace suponer que la autoridad de control contará con muchas facultades, todavía a definir.

Por el lado de las asociaciones de consumidores, Fernando Blanco Muiño, representante de la Unión de Consumidores de la Argentina, afirmó que el artículo 15 de la iniciativa “sólo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios, mientras que deja el resto como servicios de interés público”. Para Muiño, este cambio les permitirá a las empresas disponer aumentos tarifarios sin una estricta regulación del Estado. Otro de los puntos señalados por el representante de UCA tiene que ver con la posibilidad de que Telecom y Telefónica ingresen en el mercado de los servicios audiovisuales. “Habría que quitarle a Telefónica (de Argentina) y a Telecom la autorización para fusionarse que tienen en nuestro país. Entre las dos, concentran el 67 por ciento del mercado local”, aclaró Muiño.

La posibilidad de que las empresas de telefonía ingresen en el mercado audiovisual había sido eje de debate durante el proceso parlamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A pedido del centroizquierda, se terminó consensuando que dichas compañías no debían quedar incorporadas en aquel régimen. Con este nuevo proyecto, más allá de que podrán participar en el negocio de la transmisión de contenidos, deberán acceder a la apertura de sus redes para que otros competidores puedan ofrecer los mismos servicios en igualdad de condiciones. Este simple hecho es objetado por las compañías.

“Hablemos con claridad, ¿a quién se quiere defender con esta ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos de lo que están actualmente. Se favorece a las empresas telefónicas, que aparecen como las mimadas”, criticó Héctor Polino, de Consumidores Libres.

El martes de la semana que viene continuará el debate en la comisión que preside Fellner. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ya adelantó que el Ejecutivo solicitará la extensión de las sesiones ordinarias para aprobar esta iniciativa y la reforma al Código Procesal Penal.