El proyecto Argentina Digital obtuvo ayer dictamen en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y será tratado en el recinto la semana que viene para convertirlo definitivamente en ley. El debate fue abierto con las exposiciones del ministro de Planificación, Julio De Vido; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner. Al igual que en la Cámara alta, la oposición rechazó la norma. “Los cambios incorporados en el Senado mejoraron la neutralidad de la red, que tiene como meta el acceso de todos los argentinos al servicio de Internet para lograr más soberanía y mejorar la economía y la justicia social”, aseguró Berner.

La iniciativa, votada en el Senado el miércoles, declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs. Los operadores de telecomunicaciones deberán abrir sus redes para que las pequeñas y medianas empresas y cooperativas puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes jugadores. El Estado tendrá la potestad de regular los contratos de interconexión para mejorar las condiciones de acceso al mercado. A su vez, será el responsable de administrar los recursos acumulados en el fideicomiso del Fondo Universal.

“El proyecto beneficiará a las cooperativas y pequeñas empresas de telecomunicaciones, que deben pagar altos precios por conectarse a la red de las grandes prestadoras para brindar sus servicios y que ahora pagarán una tarifa accesible fijada por el Estado nacional. Todas las redes serán declaradas de uso público y abiertas para que todos los que hoy tengan una licencia y los que quieran ser licenciatarios en el futuro puedan acceder a ellas”, agregó Berner.

La oposición cuestionó la rapidez en el tratamiento de la norma. “Se nos viene negando poder escuchar a los distintos actores y mejorar las propuestas. Además, la autoridad de aplicación no pondrá límites a las grandes empresas”, aseveró el radical Miguel Angel Giubergia. Sin embargo, una de las modificaciones introducidas en el Senado mejoró la definición de “poder significativo de mercado” para evitar los abusos de posición dominante.

Otro eje está vinculado con el cruce de los servicios audiovisuales y las TICs. La norma habilita a empresas como Cablevisión a ofrecer servicios TICs y a compañías como Telefónica a brindar contenidos audiovisuales. En este sentido, el Poder Ejecutivo fijó nuevas pautas para evitar un posible abuso de posición dominante en uno u otro mercado. Las empresas TICs y las proveedoras de servicios de comunicación audiovisual deberán conformar unidades de negocio separadas, llevar contabilidad diferenciada y facturar por separado las prestaciones, no incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio.

“Con este proyecto garantizaremos el libre acceso de todos a los servicios de comunicaciones, en condiciones sociales equitativas, sea a través del medio físico que sea, para transformar la accesibilidad en un derecho”, sostuvo el ministro De Vido, quien agregó que la sanción de dicho proyecto “se da en un contexto de modernización tecnológica”.

Por el Frente Renovador, Oscar “Cachi” Martínez sostuvo que el proyecto “es inconstitucional” porque “no construye ningún marco regulatorio, sino que es una mera sesión de facultades al poder administrador”.

Una de las primeras y más fuertes críticas al proyecto tenía que ver con la no definición de la autoridad de aplicación, que luego fue subsanado durante el debate en el Senado. El órgano rector de la norma será una autoridad federal TICs, integrada por miembros del Poder Ejecutivo, las minorías parlamentarias y un Consejo Federal, que trabajará en representación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esta ley promueve, estimula y posibilita el acceso de todos a los servicios de comunicación, en condiciones sociales y geográficas equitativas, independientemente de la ubicación de las personas”, enfatizó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien también destacó la inversión pública realizada en la construcción de una red de fibra óptica federal.

Otra de las modificaciones al texto original estuvo vinculada con otorgarles a las pymes y cooperativas de telecomunicaciones una mayor protección. Las pequeñas compañías TICs aparecen mencionadas taxativamente como actores clave para el desarrollo de las economías regionales. A su vez, en relación al concepto de neutralidad de la red, se introdujo un capítulo específico que retoma un dictamen elaborado por la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado.

También se incluyó un capítulo específico vinculado con la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores TICs, en sintonía con el reglamento de calidad del servicio aprobado por la Secom para la telefonía móvil.