El brusco descenso del precio internacional del petróleo, que se aceleró en las últimas semanas, desató diversas interpretaciones sobre su origen, estimaciones sobre cuánto podría durar la caída y distintas especulaciones sobre quiénes se benefician y quiénes se ven afectados. En medio de esos acertijos, el cálculo del impacto del nuevo cuadro de situación en la economía argentina también fue variado, entre quienes privilegian en el análisis el factor “estado de ánimo de los mercados”, que auguraron un desaliento en las inversiones no convencionales, y aquellos otros que, alimentando el libre juego de la oferta y la demanda sin reparo en las consecuencias, pasaron a reclamar inmediatamente una baja interna en el precio de los combustibles que reflejara el abaratamiento de la materia prima. No son pocos los que esperaban una respuesta del Gobierno cuando, en realidad, esas definiciones ya fueron tomadas de antemano y están enmarcadas en la política que se sigue para el sector desde hace siete años, y se reforzó tras la recuperación del control nacional de YPF: los precios internos de la cadena de hidrocarburos se desacoplaron en Argentina de los vaivenes del mercado internacional, por lo tanto no habrá una baja en los combustibles por las nuevas circunstancias ni cabe esperar una pérdida de interés de los inversores en Vaca Muerta. Sí, en cambio, se producirá un beneficio fiscal por el menor costo de importación de combustibles líquidos derivados del petróleo (fuel oil y gasoil), aunque su incidencia dependerá de los nuevos contratos que se firmen y el tiempo que se prolongue la caída del precio del crudo.

El precio del barril que cotiza en Texas, el WTI, llegó este viernes a 57,80 dólares, con una baja de más del 45 por ciento respecto del valor que alcanzó en junio de este mismo año. Pero ese valor de más de 100 dólares lo había alcanzado tras una extraordinaria suba que tuvo lugar en los últimos cinco años, ya que en 2009 el precio del barril estaba por debajo de su valor actual. Bien vale observar la elevadísima volatilidad del precio del crudo en estos tiempos que –tal como señala el especialista Ricardo De Dicco en una publicación reciente– si bien tiene que ver con las condiciones de la oferta y la demanda, mucho mayor es el peso de los factores especulativos de los grandes jugadores en este mercado o mesa de apuestas. Tomando el ejemplo de 2008, el año de mayor volatilidad en una larga serie, el precio del crudo llegó a tener un pico máximo por sobre los 140 dólares en julio (tras una suba sostenida que se inició en el 2000), para tener luego una caída en picada hasta llegar a cotizar cerca de los 30 dólares en diciembre del mismo año. Desde entonces, la tendencia fue a la recuperación hasta mediados de este año. Difícilmente semejantes variaciones puedan justificarse en la caída de demanda por la crisis mundial, que por otra parte ya estaba presente en julio de 2008 cuando se alcanzó el record histórico de precio.

Casi como una premonición, el gobierno argentino adoptó ya en 2007 una política de precios fijos para el crudo producido localmente, fijando entonces un valor en boca de pozo (precio al productor) de 42 dólares por barril, de acuerdo a una calidad determinada pero que sirve como precio de referencia para las cinco cuencas productoras del país. Ese valor de referencia, además, es el que se tomaría en cuenta para calcular las regalías (participación en el precio) que recibirían las provincias donde estuvieran ubicados los yacimientos. Con criterio político, se fijaba un valor que, además, sería el mismo al que ingresaba al mercado interno el crudo importado, ya que se fijó un régimen de retenciones móviles por el cual ese sería siempre el valor resultante.

En los años posteriores, con el fin de alentar la producción, se fue incrementando ese precio en boca de pozo, sin mayores resultados hasta que el control de YPF volvió al Estado. El valor de referencia en los últimos años se fijó en 83 dólares por barril, al tiempo que se convalidó desde el Gobierno una política de aumentos del precio final del combustible que hiciera más rentable la operación de downstream (refinación y comercialización) de la petrolera recuperada.

Desligada totalmente de los vaivenes de los precios internacionales (bruscos, como lo mostró De Dicco, director de investigaciones científicas y tecnológicas de la Oetec), la política petrolera nacional logró en estos años darle estabilidad al negocio de extracción y de refinación, sostenido en una activa demanda interna de combustibles. Cuando el precio internacional volaba por encima de 100 dólares el barril, los concesionarios de áreas de extracción se lamentaban de no recibir el “precio pleno”, al igual que las provincias se quejaban por las regalías que “se perdían de cobrar”. Ahora, con el precio en el primer subsuelo, estos actores comprenderán los beneficios de una política autónoma y no sometida a los vaivenes de un mercado en el que la Argentina no tiene ninguna capacidad de incidencia.

Los que no muestran la misma comprensión son los “expertos”, algún ex secretario de Energía entre ellos, que insisten en que debe “prevalecer el precio de mercado” y señalan como “un absurdo que el país hoy pague el petróleo más caro del mundo” por desentenderse de la cotización mundial. “O son muy ignorantes o muy perversos”, señaló otro especialista a este diario al comentar esas posiciones.

En lo que se refiere a las inversiones, las condiciones que reciben quienes se asocian con YPF para desarrollar Vaca Muerta también encuentran reparo en la política de precios de la Argentina. Un proceso de inversión de este tipo no madura antes de los tres años para ser comercializable, y el país le está asegurando una retribución por el crudo que se extraiga que estará más asociado al costo de producción que al resultado de las presiones especulativas en el casino mundial de los commodities. La prueba más contundente fue el compromiso firmado esta misma semana por Petronas, durante la visita de Miguel Galuccio a Malasia, con una inversión prevista de 550 millones de dólares. Esa autonomía no sólo preserva las inversiones, sino todo el desarrollo y recuperación del sector en marcha, incluida la formación de una cadena de pymes proveedoras de la industria petrolera.

Finalmente, habría un impacto favorable en el terreno fiscal, ya que el Estado subsidia las importaciones de combustibles líquidos derivados del petróleo. Su magnitud es incierta, porque dependerá de los volúmenes que se negocien al nuevo precio, y de cuánto dure el bajón del precio internacional del barril.