Como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), me compete tratar de analizar, informar o aclarar desde una perspectiva seria los indicadores que casi a diario publicamos.

Esta tarea la venimos desarrollando desde el Indec, al punto incluso de proponer un debate técnico que, sin la ingenuidad de desconocer la connotación política de datos sensibles, como la medición de la variación de los precios de bienes y servicios de consumo, permita interpretar y contextualizar correctamente esa variable económica. En incontables ocasiones explicamos que el Indec, a través de su IPCNu, mide mensualmente más de 200 mil precios en todas las provincias del país, que lo hace en casi 13 mil locales con aproximadamente 300 encuestadores, que cada una de las provincias es la responsable de recolectar esos precios en su territorio, que los precios no sólo se toman en supermercados sino también en comercios barriales, entre muchos otros “detalles” metodológicos que, además, se encuentran publicados en la página web del Instituto.

Las consultoras que elaboran índices de precios, casi todas ellas sin una metodología rigurosa, no cuentan ni mínimamente con la estructura operativa necesaria, no cumplen consideraciones conceptuales internacionalmente aceptadas y no informan de qué manera lo hacen. Por estas razones rehuyeron el debate. Lo mismo ocurre con algunos indicadores provinciales cuyas metodologías resultan absolutamente obsoletas e incompletas.

Expuestos claramente los argumentos técnicos incontrastables, la discusión fue llevada por la oposición y sus brazos instrumentales pseudo científicos (las consultoras) y pseudo periodísticos hacia canales que nada tienen que ver con el rigor metodológico. Pero aun así, planteado el debate en términos de política económica, es interesante realizar algunas comparaciones.

Según algunas empresas propietarias de medios de comunicación, la inflación de 12 meses (noviembre 2013-octubre 2014) fue de 39,9 por ciento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 43,4 por ciento en la provincia de San Luis, tomando –no inocentemente– esos dos distritos por su coincidencia con lo que miden las consultoras privadas y por su “independencia”.

Si se toman como referencia comparativa las negociaciones salariales de los trabajadores públicos de esas provincias, en CABA el aumento fue de 26 por ciento y en San Luis, 29 por ciento en el período analizado. Resultaría llamativo que trabajadores de esos dos distritos argentinos, gobernados por opositores al gobierno nacional, hayan negociado, en paritarias libres, casi 14 puntos porcentuales por debajo de la “inflación” en esas provincias (pido disculpas si traigo a la memoria el recorte de salarios del 13 por ciento ideado por la hoy diputada Patricia Bullrich). Es más: sería casi una obligación política y ética que los gobiernos de dichos distritos otorgasen compensaciones salariales por los mismos porcentajes que están registrando en los aumentos de precios al consumidor, so pena de ver incrementada en su distrito y de manera muy considerable la incidencia de población en condiciones de pobreza.

Esta descripción dista mucho de ser real por el sencillo hecho de que los aumentos de precios pregonados políticamente para provocar desánimo y caos no son reales. Desde el oficialismo nadie sostiene que no existen problemas. De hecho, el Indec midió una variación de precios al consumidor acumulada en el año 2014 (hasta octubre) de 21 por ciento. Pero es el propio gobierno nacional el que ha venido encontrando soluciones para cada sector de la economía que lo requiere. Sólo por mencionar una, la Asignación Universal por Hijo, por decisión del gobierno nacional, aumentó 40 por ciento en un año, con el sentido político de mejorar el poder adquisitivo de los sectores más postergados.

No es tratando de generar el caos con índices indefendibles sino gestionando día a día la forma en que nuestro país avanzará definitivamente por la senda del amor y la igualdad iniciada en el año 2003.

* Director del Indec.