El Gobierno dio ayer un paso más en la implementación del nuevo esquema de defensa del consumidor, al definir cómo seleccionará a los conciliadores, quienes serán “jueces” en la instancia de conciliación obligatoria. La Secretaría de Comercio y la de Justicia definieron cómo será el “examen de idoneidad” y los requisitos que deberán reunir los aspirantes al Registro Nacional de Conciliadores que formará parte del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec). La intención del Gobierno es acortar los plazos de las demandas de usuarios y consumidores. La conciliación sería un incentivo para que las empresas paguen los resarcimientos y no queden sujetas a penas más altas.

En septiembre pasado se aprobó la Ley 26.993 que creó el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. El nuevo sistema tiene como primera instancia la conciliación de carácter obligatorio. Tendrá un plazo de duración máximo de un mes prorrogable por otros quince días y será gratuito para el consumidor. El Gobierno espera que la mayor parte de los conflictos se logre resolver en esta instancia, mucho más expeditiva que las audiencias y los juicios. En función de esa expectativa, los conciliadores cumplirán una función de relevancia.

La ley definió que los conciliadores estarán inscriptos en un registro de mediadores dependiente del Ministerio de Justicia. Tendrán que realizar la capacitación específica que dictará la Secretaría de Comercio junto con la Secretaría de Justicia y superar una instancia de evaluación, según las resoluciones 272 y 188 publicadas ayer en el Boletín Oficial.

Los futuros conciliadores recibirán un curso de formación de veinte horas en donde estudiarán las recientes reformas legislativas en defensa del consumidor y el impacto a nivel nacional y provincial. Realizarán una reseña de la legislación argentina sobre las relaciones de consumo y estudiarán la conciliación como “método de resolución de conflictos”.

El capítulo de servicios públicos y medicina privada luce como uno de los más relevantes, puesto que en ese sector se concentra el grueso de las quejas actuales de los consumidores, a raíz de la baja calidad del servicio de las compañías de telefonía celular, televisión por cable y prepagas. Los conciliadores también tendrán que estudiar la responsabilidad por daños, el concepto de daño material y daño moral.

El Gobierno definió que el examen para los conciliadores tendrá una primera evaluación escrita en donde se pondrá a prueba “la capacidad del aspirante para elaborar una estrategia de intervención en una conciliación desde el rol de conciliador”. Se analizará la capacidad de “utilización de sesiones privadas, detección de posiciones e intereses, promoción del diálogo, replanteo del conflicto y generación de opciones”. También de “neutralizar agresiones, manejar interrupciones, efectuar preguntas que permitan explorar intereses y formular propuestas de solución”. La segunda etapa será de evaluación oral, en donde se le exigirá al aspirante que formule criterios de aplicación de la nueva legislación.

Si la empresa citada a la conciliación inicial no asiste a la audiencia y no justifica en el curso de los siguientes cinco días el porqué de esa falta, el conciliador dará por concluido el proceso. La compañía tendrá una multa de un salario mínimo, vital y móvil, de la cual el usuario cobrará una tercera parte y el resto irá a las arcas públicas. Luego, el consumidor deberá continuar en la Justicia. Del mismo modo, si el proceso de conciliación concluye sin acuerdo de partes, el conciliador labrará un acta y el consumidor quedará habilitado para reclamar ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo o presentar una demanda ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo. El servicio de conciliación actuará a nivel nacional mediante su sede en la ciudad de Buenos Aires y en las dependencias que se establezcan en el resto del país.

Por encima del sistema de conciliación estará la Justicia ordinaria específica de los casos de consumo, que estará integrada por ocho nuevos jueces de primera instancia y seis de cámara divididos en dos salas, selección que estará a cargo del Consejo de la Magistratura.