La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó ayer una orden del juez Thomas Griesa del 23 de septiembre de 2013 que había sido cuestionada legalmente por Argentina. La decisión del magistrado, ratificada ahora por la segunda instancia judicial estadounidense, ordenó al país y a distintas entidades financieras producir información sobre bienes y activos argentinos dentro de Estados Unidos y en otros territorios cuando lo soliciten los fondos buitre. El visto bueno para la estrategia carroñera fortalece una de las herramientas de presión política y mediática de los demandantes, ya que hasta ahora (y a lo largo de los últimos diez años) los intentos de “hallar” activos, embargarlos y luego ejecutarlos como parte de pago de sus sentencias no arrojaron resultados materiales a su favor.

A través de sus representantes legales del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, el Gobierno argumentó en una audiencia la semana pasada que la información reclamada estaba protegida por la inmunidad diplomática y militar. “La ley no permite este tipo de discovery que habilitó el juez”, había afirmado el abogado Jonathan Blackman. Sin embargo, el panel de jueces de la Corte de Apelaciones entendió que las inmunidades no brindan una protección general contra el discovery –así se denomina al acto de divulgar información–. La decisión lleva la firma de los magistrados neoyorquinos Denis Jacobs, Barrington Parker y Ralph Winter. De todas formas, la resolución difundida ayer dispuso que sí podrán ser alegadas atribuciones soberanas en cada caso concreto en el que se intente una ejecución específica sobre los bienes protegidos por las convenciones de Viena o la Ley de Inmunidades Soberana norteamericana (FSIA, por sus siglas en inglés).

En su decisión, la Corte de Apelaciones remarcó que Argentina, en su calidad de soberano extranjero, debe ser tratado con consideración y respeto, particularmente en lo que respecta a asuntos militares y diplomáticos. De esa forma, instó a la Corte de Distrito a cargo de Griesa a prestar especial consideración a los intereses soberanos de la Argentina al momento de disponer la producción de la información, priorizando aquellos documentos que sean menos invasivos de la dignidad soberana.

“Aunque ratificamos la decisión de la Corte de Distrito en todos sus aspectos, enfatizamos que Argentina –como todos los soberanos– tiene derecho a un grado de consideración y respeto”, sostiene el texto de seis páginas al que accedió este diario. “Tales consideraciones tienen un peso específico cuando se trata de temas diplomáticos y militares de un Estado. Urgimos a la Corte de Distrito a considerar los intereses soberanos de Argentina al momento de administrar los pedidos de discovery y priorizar la divulgación de aquellos documentos que difícilmente sean invasivos de la dignidad soberana”, concluyen los tres jueces.

“No podemos esperar nada de la Justicia de Estados Unidos”, expresaron desde el equipo económico, en referencia a la decisión que habilitó a los buitres como NML Capital y Aurelius a solicitar información al país y entidades bancarias. Desde el Palacio de Hacienda apuntaron que los desarrollos legales en las cortes inglesas representan el único espacio donde pueden emerger resultados favorables en el corto plazo. La semana pasada, la Justicia británica postergó para después de las fiestas su decisión sobre el reclamo presentado por un grupo de tenedores de bonos argentinos emitidos bajo la ley de Inglaterra.

Los denominados Eurobondholders, encabezados por el magnate hungaro-estadounidense George Soros, solicitaron al juez Guy Newey una declaración contra el Bank of New York Mellon para presionarlo a transferirles los 226 millones de euros depositados por Argentina a fines de junio. El 31 de diciembre vence la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés). Esa prerrogativa impide realizar una oferta en mejores condiciones financieras a las del canje a los acreedores –buitres y holdouts– que no participaron de la reestructuración.

Desde el Ministerio de Economía reconocen que en Londres no surgirá ninguna medida con efectos prácticos inmediatos contradiciendo al sistema judicial estadounidense. Pero un desarrollo favorable de esa instancia podría tener repercusiones en la puja con los buitres. Especulan que si Griesa estuviera presionado para habilitar al BoNY a canalizar los pagos de los bonos con legislación europea –como sucedió con el caso del Citi encargado de pagar en el exterior a los tenedores de bonos emitidos bajo la ley argentina–, el poder de los demandantes se vería reducido.