La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el diputado nacional Manuel Garrido y ordenó a YPF que entregue información sobre el acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. La magistrada exigió a la petrolera que en un plazo de diez días hábiles entregue la documentación solicitada. Un planteo similar realizado en otra oportunidad por el senador Rubén Giustiniani había resultado rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo al considerar que, por ser YPF una sociedad anónima, debía ser tratada como tal y en consecuencia no se encontraba alcanzada por el régimen de acceso a la información pública. Ayer mismo, la petrolera que encabeza Miguel Galuccio apeló la medida de Sarmiento a través de un escrito presentado ante la misma cámara. La jueza es la misma que desató una crisis política cuando falló a favor de la rebelión de Martín Redrado en el Banco Central y en contra de la creación del Fondo del Bicentenario, destinado al pago de la deuda con reservas.

El contrato con Chevron fue el primero en el que YPF se asoció a una gran empresa multinacional para explorar en el área Vaca Muerta bajo la modalidad no convencional, con una inversión que se elevaba a 1250 millones de dólares por cada firma en una primera etapa y supera los 15 mil millones en una proyección de cinco años. Los resultados promisorios logrados en la primera etapa de perforaciones en un área piloto llevaron a avanzar a la segunda, para el desarrollo de un área más grande y luego evaluar y determinar el alcance de la explotación según sus proyecciones comerciales. Chevron no sólo aporta inversión efectiva sino también el know how (conocimiento) sobre la tecnología a aplicar, dada su experiencia en tareas de shale oil en Estados Unidos.

El proyecto Vaca Muerta representó la proyección internacional de YPF como atracción inversora mundial y abrió el horizonte para alcanzar el autoabastecimiento energético antes de 2020. La demanda del diputado radical Garrido apunta al acuerdo de YPF con Chevron haciéndose eco de versiones sobre “cláusulas secretas” que comprometerían la soberanía nacional y concederían a la petrolera estadounidense beneficios económicos no enunciados por YPF. Bajo el mismo argumento, la presentación que hiciera el senador Giustiniani reclamaba el acceso a la información sobre el contrato entre ambas empresas, pero resultó rechazada en la cámara al considerar que la empresa “debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima regida por el capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública”.

En esta oportunidad, la jueza Sarmiento, en un fallo de 11 carillas, le ordenó a YPF que “en el plazo de diez días judiciales, entregue al actor la información que fuera solicitada con fecha 29 de mayo del corriente año al Presidente y Gerente General, Ingeniero Miguel Galuccio”.

Desde la empresa YPF argumentaron la falta de legitimidad de Garrido para reclamar, y que la información es reservada para las partes, según la interpretación que surgiría del fallo de la Cámara en el caso Giustiniani. La jueza Sarmiento, en cambio, le concedió legitimidad a Garrido, quien invocó el derecho de acceder a información pública. La magistrada consideró que el argumento de YPF al no dar información invocando “compromisos de confidencialidad” y la existencia de “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos”, es algo –según entendió– que “no satisface los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública”.

Poco después de tomar estado público el fallo, YPF anunció, mediante un comunicado, que “apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal”, recordando que ya en una oportunidad anterior la cámara del fuero había rechazado un requerimiento similar formulado por el senador Giustiniani, considerando que la petrolera no estaba alcanzada por el régimen de acceso a la información pública. “Estas decisiones reafirman que todo lo actuado por YPF se encuentra dentro de la legalidad”, remarca finalmente el comunicado de la empresa.