El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) incorporó a más de 565 mil beneficiarios durante su primer año de existencia. La mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años inscriptos, el 44 por ciento, está cursando estudios universitarios, mientras que un 29 por ciento está finalizando el secundario y otro 23 por ciento se capacita en distintos cursos y oficios. El plan asigna 600 pesos por mes. “Me inscribí en el Progresar al día siguiente que lo anunciaron. Quiero recibirme y trabajar en YPF. Soy primera generación de estudiante universitaria, es todo un orgullo para la familia”, cuenta Gisela, estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estudiar en instituciones públicas y un nivel de ingreso del grupo familiar por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil son condiciones necesarias para acceder al derecho. Con 20 años, Gisela vive en el barrio Ricardo Rojas, en Florencio Varela, con sus padres y dos hermanos. Apasionada por la química, recuerda su trabajo en una parrilla donde le pagaban 120 pesos por cada jornada de nueve horas. Seis de cada diez de los titulares de derecho son mujeres.

“Trato de hacer changas, algunos fines de semana voy como vendedora a algún puesto en una feria, me pagan 190 pesos pero son doce horas. Fui a muchas entrevistas de trabajo pero es muy complicado trabajar ocho horas y seguir con la carrera. Hoy no tengo la necesidad de salir a buscar porque mi familia me ayuda y además tengo el Progresar”, comentó Gisela a este diario. “El Progresar nos permite pensar a los jóvenes de dónde viene la ayuda y tomás conciencia del esfuerzo que hace el Estado. Tal vez no es mucha plata, pero me sirve para cargar el celular y la SUBE, donde además tenemos un descuento en los boletos. Para el resto, para vivir, mi viejo que es electricista me ayuda”, sostuvo Gisela.

“El Progresar es la continuación y complemento de la Asignación por Embarazo, la AUH, el programa Conectar Igualdad, la construcción de 1500 escuelas y la creación de nueve universidades nacionales. Este piso de protección social para niños y jóvenes de 0 a 24 años conforma la red de políticas de inclusión social más grande de América latina”, expresó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al hacer un balance del programa.

“El Progresar está funcionando muy bien, con más de 565 mil inscriptos que cobran en forma transparente. Está destinado a un sector que le costaba mantenerse en la universidad y ofrece un incentivo para contener a muchos otros en el sistema educativo para que terminen la secundaria o se capaciten. Hay muchos chicos que podrían ingresar pero no estudian y tenemos que sumarlos”, afirmó el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio. Sobre el total de 565 mil jóvenes titulares de derecho, casi 190 mil viven en la provincia de Buenos Aires, 42 mil son salteños, mientras que en Mendoza y Tucumán hay más de 32 mil beneficiarios en cada una. En Santa Fe, Córdoba y Chaco, los titulares ascienden a 30 mil por provincia. “Mi mamá cobraba la asignación universal y desde noviembre, cuando cumplí 18 años, empecé a recibir yo el Progresar”, comenta Nicolás, un joven de Rafael Castillo que está finalizando sus estudios secundarios. “Me indigna cuando dicen que les dan plata a los vagos. Suelo juntarme con gente que está en contra. Yo no hablo mucho de política, no milito, no me gusta confrontar, pero tengo mi opinión. Para mí es una ayuda, no es que voy a dejar de hacer nada. Es un beneficio, un incentivo para seguir en el colegio, un derecho”, explicó Nicolás durante una conversación con este diario. Contó que el año pasado pensó en abandonar la secundaria, algo que no le cayó nada bien a su mamá Norma, pero ahora tiene ganas de inscribirse en un profesorado de literatura. Todavía debe aprobar matemática para pasar a sexto año del secundario: “Tengo que rendirla por no prestar atención”, advierte antes de continuar. “Como estoy de vacaciones ahora uso la plata para divertirme, por ejemplo salgo a comer. Hace poco compré unos libros viejos de Oscar Wilde, una edición del año ’60 de La balada de la cárcel de Reading”, sostuvo Nicolás, que tiene a Herman He-sse entre sus autores preferidos.

Perspectiva académica

“Aun cuando resulta innegable la contribución de las transformaciones en el proceso productivo a las mejoras socioeconómicas, los avances más significativos en términos de distribución del ingreso respondieron a la implementación de políticas públicas vinculadas al cambio de paradigma en el sistema de protección social”, enfatizan los investigadores del CEIL, Ana Paula Di Giovambattista y Demián Panigo, al referirse a iniciativas como el plan de inclusión previsional, la Asignación Universal por Hijo y el Progresar. Los economistas consideran que esas herramientas representan un cambio paradigmático en el sistema de protección social argentino. “Hay una nueva lógica de universalización y presencia permanente del Estado garantizando un ingreso mínimo de subsistencia que disocia las prestaciones de las condiciones del individuo en el mercado laboral”, explicó a este diario Di Giovambattista.

Con una visión diferente, Soledad Villafañe, directora de Estudios y Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Trabajo, estimó que a lo largo de la última década el 70 por ciento de las mejoras observadas en el índice de Gini fueron explicadas por la dinámica del mercado laboral, fundamentalmente la creación de puestos de trabajo. La economista explicó a Página/12 que en la actual coyuntura de estancamiento de la creación de puestos de trabajo registrados, la relevancia de las transformaciones del sistema de la seguridad social implicaron un aumento de su participación en la reducción de la desigualdad.

“Un aspecto relevante es fortalecer el trabajo territorial a través de la red de tutores y los servicios de cuidado infantil para ampliar el grado de adhesión al programa, fundamentalmente en las regiones más pobres del país”, indicó Di Giovambattista. La docente de las universidades de La Matanza y Moreno también advirtió sobre la necesidad de revertir la extendida estigmatización que persiste sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas, como la AUH o el Progresar.