El Gobierno avanzó en la aplicación del nuevo paquete de leyes de defensa del consumidor, a través de la reglamentación de la ley de abastecimiento y del sistema de resolución de conflictos entre usuarios y empresas. Estas medidas se suman a la creación, semanas atrás, del Observatorio de Precios, lo que va consolidando el herramental para el control heterodoxo de la inflación y la detección de las maniobras empresariales. “La idea es que el consumidor y el pequeño productor dispongan de un canal en el Estado y de que tengan una respuesta efectiva ante el abuso de las empresas”, indicó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Además, se lanzó el Sistema de Monitoreo Nacional de Abastecimiento (Simona), para evitar las situaciones de desabastecimiento.

Kicillof, junto al secretario de Comercio Augusto Costa, anunció ayer esas novedades, además de la canasta escolar de Precios Cuidados (ver aparte). “Muchas veces, en vez de llegar al verdadero productor, el precio que se le cobra al consumidor es apropiado a lo largo de la cadena comercial, porque las relaciones de mercado no son igualitarias y para nada democráticas. Las leyes buscan regular de tal manera que los eslabones de más vulnerabilidad puedan acudir al Estado en su defensa. Esta reglamentación responde al compromiso del Gobierno con la defensa de los consumidores y de los pequeños productores”, señaló el ministro.

La iniciativa que más ruido generó dentro del paquete de leyes de defensa del consumidor, que el Gobierno impulsó el año pasado, fue la Ley de Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción, que reemplazó a la Ley de Abastecimiento. El arco empresarial puso el grito en el cielo, a pesar de que la ley contempla prerrogativas que en esencia el Estado ya tenía, e incluso elimina para los directivos de las firmas la posibilidad de ir a la cárcel ante incumplimientos. No obstante, bajo la arenga de la “chavización” (en un falso paralelo que se trazaba con Venezuela), el mundo patronal se puso histérico, algo que sólo puede comprenderse porque la nueva norma viene en realidad a legitimar la letra que contenía la anterior Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974.

La novedad de la ley es que el Gobierno no podrá rebajar derechos, aranceles y/o gravámenes de importación ni ofrecer exenciones impositivas o restringir exportaciones. Las multas máximas suben de uno a 10 millones de pesos, pero se elimina la posibilidad de ir a la cárcel y se incorpora la “pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos”.

La reglamentación dictada ayer define que la autoridad de aplicación de la norma es la Secretaría de Comercio, algo esperable. “Tendrá las facultades para evitar que haya desabastecimiento y equilibrar las relaciones desiguales en todos los eslabones de la cadena de valor”, dijo Kicillof. Además, se crea el Registro Nacional de Infracciones a la nueva ley de abastecimiento. Allí se anotarán los actos sancionatorios a la legislación por parte de las empresas, que será difundido en la página web de la secretaría.

Desde el sector pyme defendieron la iniciativa: “Eso empareja la relación de fuerzas entre las pequeñas empresas y las grandes. Las pymes frente a las grandes empresas concentradas tienen menos poder que un consumidor individualmente frente a éstas, cosa que se podrá corregir con la aplicación de estas normas que regulan desde otra óptica las relaciones de consumo. Vamos a trabajar para incrementar las acciones que equiparen las relaciones, desde las cámaras pymes representativas, e impulsar la creación de una defensoría pyme”, expresó Raúl Zylbersztein, secretario general de la Confederación General Empresaria (Cgera).

Por otro lado, Kicillof y Costa anunciaron el lanzamiento del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento, que supone un esquema de alerta por parte de las empresas productoras para evitar los faltantes en las góndolas. “Una empresa que tiene capacidad de de-sabastecer tiene una posición dominante, por ese motivo estará obligada a informar cualquier problema que tenga y, en caso que corresponda, será pasible de ser sancionada”, indicó Costa. Los consumidores también podrán informar faltantes a la secretaría a través de esta vía. “El sistema de monitoreo, que estará en marcha desde la semana que viene, permitirá transparentar los motivos por los que falta un producto en el mercado”, agregó Costa.

Ayer el Gobierno reglamentó, mediante el decreto 202, la Ley de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. De esta forma, avanza sobre los dos primeros capítulos del nuevo esquema: la conciliación obligatoria y la auditoría posterior. La norma detalla los pasos formales que requerirán la conciliación y auditoría y los plazos de cada instancia. Tiempo atrás el Gobierno ya había reglamentado el sistema de capacitación de los conciliadores, a partir de una serie de cursos monitoreados por distintas dependencias estatales.

“Es un sistema complejo, pero avanza a una velocidad interesante. La ley va a mejorar sensiblemente la oferta de conciliadores para los conflictos, lo que va a impactar a la baja sobre los tiempos de las demandas”, dijo Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. En tanto, Costa señaló que “se está trabajando, en conjunto con el Ministerio de Justicia, para el proceso de implementación de esta nueva justicia del consumidor, que crea una instancia obligatoria de conciliación con las empresas”.