La Justicia dispuso un embargo por mil millones de pesos a la financiera Transcambio y la inhabilitó por operar en el mercado negro de divisas y llevar adelante maniobras de fuga de capitales. La sentencia fue dictada por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, por infracción al artículo 303 del Código Penal, que se refiere a delitos contra el orden económico y financiero y fue incluido en la reforma de ese marco legal. La casa de cambio y la sociedad de Bolsa de Transcambio habían sido allanadas a partir de una denuncia realizada por la Comisión Nacional de Valores y los reportes de ese operativo fueron remitidos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar el origen de los fondos. Según fuentes oficiales, “la documentación todavía se está revisando”. Esta sanción fue apelada ante la Cámara de La Plata.

Previo a su asunción al frente del Banco Central, Alejandro Vanoli, que se desempeñaba entonces como titular de la CNV, había comandado una investigación sobre cinco sociedades de Bolsa que operaban como un mercado cambiario paralelo con destino al comercio exterior e inversión, entre los que se encontraban además entidades vinculadas con los bancos Macro y Mariva. La investigación derivó en una serie de allanamientos, todos luego de que Vanoli asumiera en el Central y fuera reemplazado en la CNV por Cristian Girard. En el país hay más de cien sociedades de Bolsa registradas, pero sólo el 5 por ciento concentra más del 80 por ciento de los negocios de contado con liquidación, mecanismo utilizado para convertir pesos a dólares a través de la compraventa de activos bursátiles en el país y el exterior. De acuerdo con estimaciones de operadores cambiarios, Transcambio llega a movilizar un tercio del volumen negociado en el paralelo.

Mientras la documentación resultante de estos allanamientos es analizada por la UIF y la AFIP, el juez Armella dispuso un embargo record de mil millones de pesos y la suspensión de los CUIT para la casa de cambio y la sociedad de Bolsa, además de sus accionistas, bajo la figura de alteración al orden económico y financiero, que contempla prisión de tres a diez años para sus socios y una multa de dos a diez veces del monto de la operación del ilícito penal.

El abogado de la financiera, el ex ministro de Justicia León Arslanian, presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. el ex funcionario solicitó declarar nula la medida cautelar preventiva y el levantamiento del secreto de sumario. También pidió un recurso de reposición con apelación ante el mismo tribunal, en el que solicita la inmediata activación del CUIT para operar. “Según los informes de nuestros letrados, es altamente probable que en el corto plazo se revoque el embargo y se restituya la CUIT a la entidad”, comunicó la firma que preside Jorge Vattuone. La entidad comenzó a operar en cambios en 1981 y ocho años después amplió sus servicios a negocios bursátiles. En 2002 fue clausurada por la Justicia por sospechas por haber transferido divisas al exterior durante el corralito.

Desde Transcambio enviaron una nota a la Comisión de Valores en la que sostienen que las medidas tomadas por el juez Armella “no se ajustan a derecho”. Sus representantes sostienen que la entidad “realiza todas sus operaciones en el marco legal, y con estricto cumplimiento de la totalidad de las normativas vigentes, como consta en las diferentes inspecciones llevadas a cabo por la CNV, el MerVal y las auditorías periódicas”. Desde que la Presidenta reprochó el cúmulo de causas que se encuentran cajoneadas en el Central, las autoridades del organismo reactivaron las investigaciones y desde octubre se libraron distintas multas por incumplimiento de los recaudos en la prevención del lavado de activos. A principio de mes, se inhabilitaron la casa de cambio París y sus accionistas por supuestas operaciones ilegales en la compraventa de moneda extranjera.