Antes de fin de año el Gobierno producirá un cambio drástico en el reparto de más de dos millones de planes Jefas y Jefes de Hogar. Sus beneficiarios recibirán una tarjeta de débito asociada a una caja de ahorro en un banco, donde el Gobierno depositará los 150 pesos del subsidio. La información fue anticipada en exclusiva por Página/12 hace diez días, y ayer Roberto Lavagna empezó a dar precisiones. “Estamos trabajando con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para transformar el mecanismo de asignación de los planes sociales. La medida tendrá un alto impacto económico”, aseguró, para luego confirmar que las tarjetas comenzarán a entregarse en los próximos dos meses. El tema, entre otros, fue tratado en una reunión que el ministro mantuvo con Néstor Kirchner.
Lavagna se reservó otros detalles de la iniciativa. Este diario le consultó si la AFIP reintegrará el 21 por ciento de IVA de cada compra que se realice con esa tarjeta, lo que indirectamente elevaría el monto del subsidio de 150 a 181,5 pesos. El jefe de Hacienda esquivó una respuesta precisa. “Lo informaremos en su momento. Pero tendrá un alto impacto económico”, repitió, insinuando que así será.
Una de las ventajas de la utilización de tarjetas de débito es que se evitaría el cobro de “peajes” de punteros políticos y hasta de empresarios –como ocurre en varias provincias con productores rurales– que intermedian en la concesión del plan. Es difícil que esas prácticas desaparezcan por completo, pero la modificación del sistema de pago sería una forma de empezar a combatirlas. Un aspecto a tener en cuenta es que los bancos no terminen siendo los mayores beneficiarios, quedándose con una comisión por prestar el servicio. También deberá tenerse en cuenta que en las zonas carenciadas los productos más económicos –con fuertes diferencias– son los que se venden en el mercado negro, adonde por supuesto no hay posnet.
Además de anunciar la próxima distribución de tarjetas, Lavagna aceptó un repaso de varios temas de la agenda económica, entregando una serie de definiciones que se exponen a continuación:
u Ejecuciones bancarias. El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley para resolver la situación de los deudores hipotecarios con riesgo de ejecución de sus viviendas. “Estarán todos incluidos”, puntualizó, en referencia a los que están endeudados con el sistema bancario y a quienes tomaron créditos en escribanías, inmobiliarias u otros particulares. El carácter abarcativo del rescate busca cerrar definitivamente el tema.
u Reforma previsional. Lavagna reveló que en la reunión que mantuvo ayer con Kirchner estuvo presente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que analizaron la crisis del régimen previsional. “En 30 días habrá un proyecto” de reforma, prometió, negándose a brindar más información. Pero ese dato es de por sí importante.
u Impuesto al cheque. La reducción de su tasa se producirá “antes de fin de año o, a más tardar, a principios del próximo”, aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, quien acompañó a Lavagna en la conferencia de prensa. El ministro agregó que se adelantará por los menos seis meses el cronograma de reducción –no especificó de cuánto será la baja– porque “está actuando en contra de la bancarización”.
u Reintegros a exportadores. Un tema al que Lavagna dedicó un largo rato fue el anuncio de la cancelación de deudas con exportadores por reintegros impositivos atrasados. En primer lugar, informó que el Gobierno resolvió destinar 497 millones de pesos del superávit fiscal a ese fin. De ese monto, 450 millones irán a empresas que exportaron por menos de 3 millones en cada operación. El pago ya se está efectuando y terminará en 15 días. Con esta nueva partida, la deuda del Estado con los exportadores se reduce de 1322,7 millones de pesos a 832,7 millones. En enero pasado, la deuda era de 2848,8 millones. Por otra parte, Mosse recordó que se siguen pagando 290 millones por el factor de convergencia que creó DomingoCavallo. “Estamos saldando deudas de gobiernos anteriores”, reprochó Lavagna, quien por otra parte justificó que el dinero vaya a los exportadores y no, por ejemplo, a aumentar las jubilaciones en que esta última opción generaría obligaciones permanentes al Estado que en este momento no está en condiciones de asumir.
u AFJP. Lavagna volvió a negar una posible emisión especial de bonos para los afiliados a las administradoras, con una quita inferior al 75 por ciento que sufrirá el resto de los acreedores.
u Coparticipación. La nueva ley deberá entrar en vigencia en enero de 2005.