Triangulación del Banco Nación para financiar la venta oculta de armas a países de la región, revaluación de reservas para sortear las auditorías internacionales y recálculo de la deuda externa son los principales temas a los que hacen referencias las actas secretas correspondientes al directorio del Banco Central durante la última dictadura cívico-militar, las cuales fueron desclasificadas por la autoridad monetaria. La documentación, que a partir de ayer se encuentra a disposición del público para su consulta, contiene resoluciones y cruces sobre estos puntos entre funcionarios de distintos estamentos de gobierno durante el período 1981-1983, que fueron ocultadas bajo la clasificación de secretos (actas “S”). La investigación fue divulgada en el marco de la jornada sobre “Los derechos humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras” y de la celebración del 69º aniversario de la estatización del Banco, en la que expusieron distintos panelistas sobre la responsabilidad del sector privado en las políticas implementadas durante la dictadura (ver aparte). “Estas investigaciones eran una deuda de la democracia que, por presión de organismos internacionales, se abandonaron (en los ’80), y prescribieron sin sanción”, dijo el titular del Central, Alejandro Vanoli, al anunciar la publicación del material.

El período que abarcan las actas secretas va del 14 de enero de 1982 al 7 de diciembre de 1983, y en las transcripciones de esas reuniones se encuentran registrados todos los directores del banco. Previo a ese lapso, no se encontró documentación detallada del accionar de la autoridad monetaria. Todo ese material fue destruido, según presumen los investigadores. “Se eliminaron todos los registros de 1976-1981 de las operaciones de deuda externa. Eso implicó que en los ’80 y ’90, cuando se realizó la reestructuración de esa deuda, se haya hecho con los documentos de los bancos acreedores”, explicó Vanoli, quien insistió en que la liberalización financiera de los ’90 fue una respuesta al endeudamiento del país.

Según recordó, el peso de la deuda pasó de representar el 4 por ciento del Producto Interno Bruto en 1975 a explicar el 48 por ciento en 1981 y el 150 por ciento en 2002. Vanoli comparó ese proceso con las propuestas de candidatos presidenciables que “sólo tienen en mente ajuste y posiciones cambiarias”. La desclasificación de las actas permitirá completar el análisis sobre el origen del exponencial endeudamiento del país en esa época. El período en el cual se encontraron las actas corresponde a las presidencias en el BCRA de Julio Gómez (durante el mandato de Roberto Viola), de Egidio Ianella (con Leopoldo Galtieri) y de Domingo Cavallo y Julio González del Solar (bajo el mandato de facto de Reynaldo Bignone). “El BCRA se mantuvo siempre fuera de las políticas de derechos humanos. La desclasificación es un primer paso”, dijo Celeste Perosino, encargada de la investigación de las actas secretas en el Banco Central y también para la Comisión Nacional de Valores.

Las actas

La mayoría de las actas secretas hace referencia a la exportación de material bélico secreto por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares a diferentes países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Esta venta se realizaba con financiamiento del Banco Nación, lo que determinó un costo para el país, que nunca cobró esas deudas. El acta 6, del 3 de junio de 1982, autoriza al Nación a financiar la exportación de material bélico secreto a Haití. Esta acta coincide con otras y con apéndices secretos desclasificados anteriormente, pero que no han sido publicadas hasta ahora –respondiendo a una solicitud de información de la Secretaría de Derechos Humanos–, que autorizan el financiamiento para la exportación de armamento a Bolivia, Perú, Honduras (en tres oportunidades), Guatemala (en dos oportunidades), El Salvador, Ecuador y Venezuela.

Para junio de 1982, cuando se realizó esta negociación, Haití se encontraba bajo la dictadura de Jean-Claude Duvalier. El monto de la exportación es de dos millones de dólares, siendo el primer vencimiento a los 360 días del embarque. De acuerdo con lo enunciado en el documento, el financiamiento de material bélico en el mercado internacional “responde a consideraciones políticas y estratégicas aprobadas por el Comando en Jefe del Ejército”. “Ese tema generó discusiones entre funcionarios de Economía y Banco Nación acerca de cómo tratar esas compras de armas”, explicó el titular del Central.

En la investigación se conocieron, también, actas que dan cuenta de las discrepancias en los números de reservas en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación. “Se reflejan groseras inconsistencias entre reservas y deuda. Había informes de auditores y de algunos miembros del Poder Judicial que hacían preguntas sobre el estado financiero”, detalló Vanoli. El acta del 26 de agosto de 1982, que se celebró bajo la presidencia de Cavallo, se refiere a la necesidad de refinanciar las deudas tomadas durante la presidencia de Jorge Videla, a partir de ventajas para inversores que tomen deuda de corto plazo. En esas actas, que Cavallo luego no firmaría, queda en evidencia la preocupación por la menor disponibilidad de reservas en la cuenta del Nación en Nueva York, que las que el BCRA tenía computadas como realizables en divisas.

Ante tales inconsistencias, se solicita una auditoría de la posición de oro, divisas y otros activos externos, en busca de otros activos convertibles. En reuniones posteriores, se iniciaron investigaciones acerca del otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a empresas de capitales ingleses. Las actuaciones de esta investigación se encuentran en el expediente reservado 534/201 que aún no ha sido hallado.

Las actas del 24 de febrero de 1983 plasman la sesión secreta en la que se trata el asunto de la compilación, por parte del BCRA, de cifras sobre deuda externa. Allí se manifiesta que se está por dar a publicidad un comunicado en el que constarían las cifras de deuda externa al 31 de diciembre de 1982, incorporando una proyección de la deuda para fines de 1983. El presidente aclara, en forma reservada, que las cifras que se darán a publicidad pueden no incluir deudas de reparticiones del Estado que no habían sido oportunamente registradas por el Banco. Se informa que, con motivo de reiteración de pagos diferidos no cursados, han aparecido atrasos que corresponden a obligaciones de pago diferido no registrados anteriormente por el BCRA. Se decide publicar el dato sin tener en cuenta esas deudas, las cuales deben informarse reservadamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

El listado incluye temas vinculados con el bloqueo de bancos y la venta de oro durante la Guerra de Malvinas, créditos negociados por el Banco Central para la Argentina y, en un solo caso, un acta que se refiere a la empresa Nobleza Piccardo. “Son siempre los mismos nombres, en esa época y en la actual de golpes blandos. Siempre hay apoyo de civiles”, concluyó el presidente del BCRA.