Por C. C.

El Gobierno está dispuesto a reconocer a las actuales operadoras de rutas nacionales por el sistema de peaje –que lo fueron desde hace trece años y hasta fin de mes– una compensación por los mayores costos que habría generado la devaluación. Casi como contrapartida, la Procuración del Tesoro demandará a esas mismas empresas por haber ajustado sus tarifas durante la Convertibilidad, contrariando esta ley.
“Vamos a convenir que los contratos (los ‘viejos’, en ejecución) llevaban al incumplimiento porque tenían pautas incumplibles”, defendió ayer De Vido en la conferencia de prensa ofrecida ayer. Este mismo criterio ya fue admitido por los renegociadores oficiales a varias de esas empresas que son ahora preadjudicatarias según las nuevas reglas.
Hoy las empresas cobran una subvención que, en su mayor parte, fue fijada bajo el título de “compensación tarifaria”: para evitar que el peaje se encarezca, el Estado paga a las empresas una subvención. Pero, a decir del gobierno actual, este paliativo no contemplaría los incrementos de costos que sufrieron los operadores ruteros desde principios de 2002 en adelante y que avalan millonarios reclamos de las empresas en contra del Estado. Aun con este reconocimiento, hay grandes empresas a las que se les computan obligaciones incumplidas de alrededor de 80 millones de pesos y esto hizo más difícil celebrar un acuerdo de palabra que permitiera mantenerlas en la actual licitación.
Quizá para mejorar su posición negociadora, el Gobierno ya instruyó a la Procuración del Tesoro para que demande al conjunto por lo que De Vido consideró ayer públicamente una “indexación malhabida”, ya que se aplicó en la etapa de Convertibilidad, cuando esos ajustes estaban inhibidos. No es claro si esa demanda alcanzará también a los funcionarios que reconocieron esos incrementos.