“No estamos dispuestos a aceptar este tipo de presiones”, manifestó ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, calificando de ese modo al corte de energía que afectó anteayer a gran parte de la Capital Federal. El Gobierno transparentó sus sospechas de que el incidente habría sido intencional, y adelantó que aplicará sanciones, que serán más duras en caso de comprobar una actitud negligente de las empresas. Fernández llegó a mencionar la posibilidad de rescindir la concesión. Las compañías rechazaron las imputaciones, pero además insistieron en que el servicio puede verse afectado si no se realizan urgentes inversiones, para lo cual demandan un ajuste tarifario. El ministro de Obras Públicas bonaerense, Raúl Rivara, reconoció que podrían generarse inconvenientes en la provincia durante el período estival.
“El Estado está dispuesto a aplicar sanciones de todo tipo, desde la más simple hasta el retiro de la concesión, si fuera necesario, con tal de restablecer un servicio acorde a lo que los usuarios merecen”, enfatizó Fernández. Luego señaló que si algunas empresas consideran “salames” a los usuarios, y no les dan el servicio por el que pagan y al que se comprometieron, “nosotros lo que queremos es que ese salame deje de ser salame y empiece a ser tan respetado como el que más”. Y allí paró con la metáfora.
Otros funcionarios que participaron ayer del debate con Edesur, empresa responsable del apagón, y con las restantes compañías eléctricas fueron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Este último reveló que la Prefectura le entregó un informe “muy preliminar” sobre lo sucedido en la línea de alta tensión que salió de servicio y provocó el apagón. De ese documento se desprende que “hubo fuego, pero no que por ese fuego haya sido el corte”. Eso pone en duda la versión de Edesur, según la cual se produjo un incendio intencional debajo de la línea y por eso se produjo el corte.
El destacamento de bomberos de la Prefectura fue el que apagó el fuego. Uno de sus oficiales, Pedro Dobal, había dicho anteayer que el incendio fue posterior a una descarga de energía y que no hubo nadie que lo provocara. Más allá de esa polémica, De Vido anunció que el Gobierno multará a las empresas distribuidoras por el apagón (Edenor también interrumpió el servicio, aunque arrastrada por el problema de Edesur, según su versión). Las sanciones “se agravarán” en caso de comprobarse que el incidente fue premeditado.
En defensa de las empresas, el titular de la Cámara de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, sostuvo que “ha sido una coincidencia muy mala” que el incidente se haya producido un día después de que el conjunto de las compañías advirtieron por un posible colapso del servicio en el verano. Pero insistió en que los hechos no guardan ninguna relación. Alberto Fernández no pareció muy convencido: “Hace dos meses ocurrió algo parecido, se reclamaron aumentos de tarifas y hubo un apagón grande en Caballito”, recordó. También indicó que le preocupa que “después del reclamo venga el corte, porque da la sensación de que se está convirtiendo en un método de reclamo”. “Dios quiera que yo esté muy equivocado –concluyó– y se trate simplemente de un hecho casual, sino sería muy grave”.
Un inesperado defensor del reclamo de aumento de tarifas fue Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Alianza. “Pongamos las barbas en remojo”, alertó, porque “puede haber cortes de luz en el verano si se siguen postergando inversiones”. Lo que no dijo es por qué las compañías no invierten si obtienen resultados operativos positivos. Otra advertencia provino del ministro de Obras Públicas bonaerense, quien anticipó que se estudia una suerte de regulación de la demanda, llegando a acuerdos con los grandes usuarios para establecer horarios de utilización de la energía. “Ante la posibilidad de inconvenientes en el verano estamos analizando la posibilidad de ordenar la demanda”, aseguró Rivara.