Precisamente hoy, cuando Bolivia está rodeada de vecinos gobernados por regímenes en principio democráticos y progresistas, cada uno de ellos con un fuerte discurso de integración regional, los conflictos económicos siempre latentes se convierten en una tragedia cotidiana. Como disparador, el gas, un recurso natural clave pero de difícil aprovechamiento en un país pobre y mediterráneo. En torno de ese tremendo espectáculo de luchas internas, el Mercosur, al cual Bolivia adhiere, no da indicio alguno de otorgarle viabilidad a la rezagada economía del Altiplano, lo que pone en seria duda el valor del bloque austral como opción estratégica. Peor aún, sus dos grandes socios siguen sus propias estrategias energéticas, sea a través de una empresa estatal como Petrobrás, sean las definidas por multinacionales como Repsol y otras, en el caso argentino. Al mismo tiempo, la encrucijada boliviana muestra hasta dónde la posesión de recursos naturales no garantiza nada: el país sigue supeditado a decisiones ajenas, guiadas por intereses extraños.
Antes de llegar a la instancia actual de enviar observadores a La Paz, Brasil y la Argentina han sido parte, por activa o por pasiva, de esta disputa que se disparó con el proyecto de llevar gas boliviano al mercado californiano, sacándolo por un puerto chileno tras licuificarlo allí mismo. A Brasil le interesó ese gas, sobre todo para convertirlo en electricidad en sus usinas térmicas, y de hecho es el dueño del gasoducto que lo transporta hacia su territorio y es el comprador del fluido, de acuerdo a una cláusula (take or pay) que lo obliga a absorberlo. Pero a partir de la devaluación del real en 1999, de una demanda que resultó menos dinámica de lo previsto y de yacimientos descubiertos en Brasil (aunque aún no cubicados ni certificados), Petrobrás forzó una prolongada renegociación de cantidades y precios, nunca zanjada. Aunque se comprometió a una demanda de 30 millones de metros cúbicos diarios, no desea ya comprar más de 18 millones, en el mejor de los casos.
A todo esto, la perspectiva californiana dio origen al proyecto Pacific LNG, que lidera Repsol-YPF con un 37,5 por ciento de participación, y en el que también participan British Gas, British Petroleum y Bridas. La intención de este proyecto, que acaba de ser preventivamente suspendido, es tender gasoductos entre los yacimientos bolivianos de Margarita, de Tarija, y la costa chilena, donde serán construidas terminales de liquidificación de metano. Gigantescas naves lo transportarán hasta la costa oeste norteamericana, donde se procederá a la regasificación y a inyectarlo en las redes de gas natural. La inversión se calcula en unos 6 mil millones de dólares, porque estas operaciones sólo resultan competitivas a gran escala.
La pregunta que siempre plantean estas iniciativas es cómo van a repartirse los beneficios, y cuánto de éstos se derramarán en este caso sobre los bolivianos, lo cual dependerá de las regalías (éstas sólo alcanzarían a un 16 por ciento) y del uso que se haga de éstas. En principio, un gobierno conservador como el de Gonzalo Sánchez de Lozada, personalmente un gran empresario de la minería, aseguraba muy poco en este sentido, a lo cual hay que añadir el mínimo impacto que tendrá la explotación así concebida del gas sobre las fuentes de trabajo locales.
En el extremo opuesto, también es cierto que el exiguo mercado interno boliviano no puede costear ni justificar las inversiones que requiere el aprovechamiento del gas, y que tampoco se lo puede transformar económicamente dentro del país en fertilizantes (urea) o petroquímicos porque esas producciones deben realizarse necesariamente junto a los puertos de exportación, que por su mediterraneidad Bolivia no tiene, tras haber perdido la salida al mar a manos de Chile. Quizá la única alternativa de transformación local consista en la generación de electricidad, exportando ésta a Brasil, pero esta opción choca con el desinterés brasileño y la precaridad de las redes de transmisión. Para las grandes multinacionales del sector, en cambio, el negocio está servido por la jugosa posibilidad de arbitrar precios: vale decir, aprovechar las grandes diferencias de valor de esta materia prima en diferentes mercados, ya que el gas recién va transformándose, por efecto de las nuevas tecnologías, en un producto transable, que puede exportarse a mercados remotos a los que no puede enviarse por gasoducto. Así, en California el gas puede quintuplicar su precio.
La Argentina pesificada de hoy es el caso opuesto. Además de ser autosuficiente, es un mercado con precios en dólares muy deprimidos, que a nadie puede interesarle abastecer desde el exterior. Cuando la situación era otra, en la década pasada, los intereses que controlaban el negocio, a partir de la privatización de YPF, se ocuparon de que el abundante gas boliviano no neutralizara los sobreprecios que aplicaban al usuario argentino.
Washington, mientras tanto, en tanto expresa su nada sorprendente respaldo a Sánchez de Lozada, inclina sus simpatías hacia el proyecto peruano alternativo de Camisea, en el que están interesadas compañías texanas como Hunt Oil y Kellog Brown & Root, de la empresa Halliburton. Ray Hunt, dueño de las dos, fue uno de los principales contribuyentes de la campaña electoral de George W. Bush, y es el primero en aportar para su reelección en 2004. Es sabido, además, que el vicepresidente Dick Cheney se desempeñó como director principal de Halliburton. Para algunos analistas bolivianos que defienden el proyecto vía Chile, su país se ha dejado engañar por los peruanos: mientras discutía con ellos una salida alternativa (pero mucho más costosa) para su gas, Lima les ganó de mano con su propio proyecto.
Según muestran los datos, Bolivia posee reservas de gas natural descubiertas por 54,9 billones de pies cúbicos (0,5 por ciento de las reservas mundiales), a 6000 metros de profundidad. Esto significa que, aunque Brasil cumpliera con las compras comprometidas, en 20 años sólo absorbería un 14 por ciento de esas reservas. Hoy la producción boliviana de gas sólo representa un 0,2 por ciento del consumo mundial. Contrastando sus reservas con su consumo interno actual, Bolivia tendría gas para 1253 años. Estos números dicen que lo lógico es explotar ese recurso, relativo pero de enorme importancia para los bolivianos, pero también que los grandes vecinos de la región podrían hacer algo más que dejar el asunto en manos de las multinacionales.