ECONOMíA › ABA MANIFESTó “PREOCUPACIóN Y RECHAZO” POR LA INHABILITACIóN DE GABRIEL RIBISICH
La asociación que nuclea a las entidades extranjeras aseguró que la sanción al titular del Citi “no se ajusta a derecho”. “Sus argumentaciones son falaces y suponen una defensa corporativa del establishment financiero”, respondió el Central.
El establishment financiero cuestionó la inhabilitación del máximo directivo del Citibank Argentina, Gabriel Juan Ribisich, implementada por el Banco Central el miércoles pasado. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) que nuclea a las entidades de capitales extranjeros emitió ayer un comunicado para “manifestar su preocupación y rechazo a esta decisión de gravísimas consecuencias que afecta injustamente a uno de sus asociados y a su representante legal”. El CEO del Citi fue removido por la autoridad monetaria como consecuencia de un pacto alcanzado por el holding estadounidense con el fondo buitre NML Capital que violaba la legislación argentina. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también expresó “gran preocupación” por la decisión de la autoridad monetaria (ver aparte). “Sus argumentaciones son falaces y suponen una defensa corporativa del establishment financiero y empresarial inadmisible en el marco del hostigamiento que sufre la Argentina por parte de los fondos buitre”, lanzó el BCRA en respuesta a los sendos comunicados patronales.
Desde el organismo que conduce Alejandro Vanoli afirmaron anoche que la decisión adoptada por el Banco Central respecto del máximo responsable de la sucursal argentina de Citibank “se ajusta plenamente a derecho, por cuanto el BCRA tiene la facultad de objetar a todo aquel directivo de una entidad financiera en la medida que considere que no cumple, o ha dejado de cumplir, con los requisitos de idoneidad e integridad que impone la normativa vigente”.
La autoridad monetaria dispondrá una inspección integral sobre el Citi e instalará, desde la primera hora del lunes próximo, un equipo de supervisión de la autoridad monetaria, que permanecerá allí mientras se extienda la actual situación irregular. El objetivo es garantizar el normal funcionamiento del banco y, enfatizan, no constituye una “intervención”. El Citi tiene hasta el martes para designar un nuevo representante legal o presentar un esquema de funcionamiento transitorio, ya que sin la presencia de esa figura no puede funcionar como sucursal bancaria, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras vigente.
“La decisión no se ajusta a derecho habida cuenta de que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente”, denunciaron los banqueros de ABA al referirse a la inhabilitación de Ribisich. “Hacemos votos para que las autoridades competentes o en su caso la Justicia, arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo con lo que marca la Constitución y la ley”, expresaron desde la entidad que encabeza el ex directivo del Banco Santander, Claudio Cesario.
“El BCRA rechaza la defensa corporativa del establishment respecto del comportamiento del máximo representante de la sucursal argentina de Citibank”, informó el organismo. “Es falso que el directivo en cuestión no cuente con la posibilidad de exponer sus argumentos para objetar la decisión adoptada por el directorio del BCRA, dado que él o la entidad a la que pertenece pueden recurrir la decisión ante el Banco Central, así como naturalmente tienen disponible la vía judicial para anteponer el reclamo que consideren pertinente”, expresó la entidad a cargo de Vanoli para refutar los argumentos de ABA y AEA.
El entendimiento entre el Citibank y los buitres habilitaba a la filial argentina del banco a cumplir con sus obligaciones en el pago de bonos con legislación argentina, contemplaba la no apelación de las cuestionadas decisiones del juez Thomas Griesa y un inmediato abandono de su rol como intermediario en el proceso de cancelación de la deuda. El equipo económico denunció que la jugada representaba una “estafa” para los bonistas porque no tienen garantizado el cobro de los bonos. Argentina pagó el vencimiento de intereses y los fondos quedaron a disposición de sus dueños en la Caja de Valores.
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