El Fondo Federal Solidario (FFS), compuesto por un tercio de lo que el Estado nacional recauda en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, distribuyó desde su creación, en marzo de 2009, más de 49.000 millones de pesos a las provincias, según destacó un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (Geenap). El análisis, elaborado por Iván Reisenman, Luciana Sosa y Andrea Luna, subrayó que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más ingresos recibió por este concepto, superando los 10.000 millones de pesos. Santa Fe y Córdoba, que en principio se oponían a la medida, también estuvieron entre las principales beneficiadas al recibir 4257 y 4230 millones, respectivamente.

El informe detalla que estos montos resultan significativos para la obra pública de cada región, ya que representan el 32 por ciento del gasto que realizaron las provincias en infraestructura durante el último año. Para el caso de Buenos Aires, las transferencias del Fondo Federal Solidario representaron aproximadamente el 29 por ciento del gasto en capital de la provincia, mientras que para Córdoba y Santa, dicho ratio fue del 31 por ciento y 23 por ciento, respectivamente.

“El FFS permite una distribución más equitativa de los excedentes agropecuarios, beneficiando a regiones que no son grandes exportadoras de oleaginosas, como la provincia de Formosa y Catamarca, que recibieron un total de 517 millones y 391 millones de pesos”, agrega el informe. En Formosa representó 13 por ciento del gasto de capital y para Catamarca el 22 por ciento. “Estos datos desarticulan la zoncera de que durante este período los excedentes del campo se distribuyeron con favoritismos y fueron dirigidos solamente al consumo, en desmedro de la inversión y del desarrollo”, sostuvieron Reisenman, Sosa y Luna. También subrayaron que “mediante la creación del FFS se introdujo una herramienta de política económica netamente federal, pensando en el desarrollo equitativo de las provincias, siendo además un instrumento contracíclico, que estimula los niveles de actividad económica en todo el país”. Por último, destacaron que “la importancia de contar con este instrumento radica fundamentalmente en el impacto positivo que éste genera en materia de empleo, al posibilitar que se concreten proyectos de inversión y obra pública en todas las regiones del territorio nacional, logrando obtener un canal de financiamiento afectado específicamente a obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”.

El FFS tuvo su origen luego de la crisis provocada por la resolución 125, y se dictó con el objetivo de generar un instrumento que redistribuya con carácter federal los excedentes generados por la comercialización de la soja. El llamado fondo sojero, que se distribuye a las provincias, se constituye con el 30 por ciento de lo que percibe el Estado en concepto de retenciones por la exportación de soja, en todas sus variedades y derivados, y se caracteriza por tres aspectos fundamentales: se reparte entre las distintas provincias de forma automática y sin discrecionalidad utilizando el mismo criterio que en la Ley Federal de Coparticipación.

Además, un 30 por ciento del monto dirigido a las provincias debe ser a su vez girado de forma automática a los municipios dependiendo de la cantidad de población y otros criterios establecidos en la ley Nº 10.820 de Coparticipación Municipal. Estos fondos están condicionados a ser dirigidos a financiar proyectos que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.