La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó ayer la presentación argentina contra la orden de desacato que dictó el juez Thomas Griesa para presionar al país a cumplir su sentencia a favor de un grupo de fondos buitre. La Cámara consideró prematura la apelación del Gobierno, elevada a principios de noviembre pasado, debido a que todavía el magistrado de Manhattan no pronunció una sentencia final sobre esta particular declaración aplicada hacia un país soberano. “Los hechos demostraron que, tal como sostuvo oportunamente la República Argentina, esta absurda decisión del juez Griesa, violatoria del Derecho Internacional Público, no tiene ningún efecto práctico sino que, por el contrario, sólo sirve para alimentar la campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre y sus aliados locales contra la Argentina”, expresó el Ministerio de Economía en un comunicado. En caso de que Griesa convierta en sentencia su declaración de desacato, el país mantiene abierta la posibilidad de apelar la medida en esa Cámara.

En otro capítulo de la extorsión llevada a cabo por Griesa en el litigio con un grupo de fondos especulativos, a quienes convalidó su reclamo de cobrar unos 1600 millones de dólares en efectivo por sus tenencias en bonos en cesación de pagos, consideró al país en rebeldía por intentar adoptar medidas para asegurar el normal pago de los compromisos de deuda reestructurada. El juez neoyorquino había condicionado esos pagos a la cancelación previa de los compromisos con los buitres, por lo cual decidió trabar los canales habituales para transferir los fondos a los tenedores de bonos reestructurados ante cada vencimiento.

El equipo económico buscó distintos canales para continuar cumpliendo con los bonistas que entraron en los canjes, entre los cuales envió al Congreso una Ley de Pago Soberano, que autoriza el reemplazo del Bank of New York Mellon por Nación Fideicomisos para la transferencia de los vencimientos al exterior. La iniciativa, aprobada por amplia mayoría el 11 de septiembre del año pasado, llevó a Griesa a redoblar la apuesta y declaró el 29 de septiembre al país en “desacato”. Los abogados de los fondos litigantes solicitaron sancionar al Gobierno con 50.000 dólares diarios hasta que acepte pagar el fallo, pero el juez Griesa no dio lugar a ese pedido.

La Argentina apeló la decisión de Griesa por violatoria del Derecho Internacional. El fallo de la Cámara debía darse a conocer el 24 de marzo último, pero decidió extender el plazo por falta de acuerdo entre los magistrados. El tribunal de segunda instancia finalmente desestimó ayer la presentación argentina. Dijo que no puede dar curso a la apelación porque el juez aún no pronunció una sentencia final de desacato. “El día de hoy (por ayer), la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que la orden de desacato emitida por el juez Griesa (que no estableció ningún tipo de sanción) no es una orden definitiva, y por tanto no tiene jurisdicción para tratarla”, explicaron desde el Palacio de Hacienda.

La interpretación de Economía es que “el rechazo de la apelación con base en la falta de jurisdicción no es una afirmación de la orden de desacato, sino que significa únicamente que deberá esperarse a que se desarrollen los procedimientos en la Corte de Distrito para que la apelación pueda ser oída”.

“Si el juez Griesa decidiera en el futuro profundizar sus medidas violatorias del derecho internacional, la República Argentina conserva su derecho a apelarlas por las vías legales correspondientes”, explicaron en el equipo económico, quienes insistieron en que sostienen que la figura no tiene efectos prácticos sobre el pago de los bonos. “El gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la Soberanía Nacional y de honrar sus compromisos con el 100 por ciento de sus bonistas en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, agrega el comunicado oficial.